Naciones Unidas, 3 jun (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, reiteró este martes que los abogados colombianos Luz Adriana Camargo e Iván Velásquez, contra los que la Justicia de Guatemala ha emitido una orden de detención, gozan de inmunidad en lo relativo a su papel en la Comisión Internacional contra la Impunidad de este país (CICIG).
(Guterres) reitera que el personal internacional de la Comisión, en virtud del acuerdo entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala, goza de inmunidad frente a los procesos judiciales con respecto a los actos realizados en el desempeño de su misión, indicó en su rueda de prensa diaria el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric.
Dujarric insistió en que esta inmunidad continúa incluso después de finalizado su trabajo con la Comisión y recordó que el Gobierno de Guatemala se comprometió a proteger al personal de la misma de abusos, amenazas, represalias o actos de intimidación.
Además, trasladó que Guterres expresa su preocupación por las numerosas denuncias que apuntan a que se está persiguiendo penalmente a quienes pretendían arrojar luz sobre los casos de corrupción y trabajar para fortalecer el Estado de derecho y el sistema de justicia de Guatemala.
Lucha contra la corrupción
La CICIG, bajo el mando de Velásquez y con la participación de Camargo, desmanteló entre 2014 y 2019 más de un centenar de estructuras de corrupción dentro del Estado, en su mayoría comandadas por políticos, empresarios y funcionarios.
Mientras que Velásquez fue también ministro de Defensa en el gobierno del presidente Gustavo Petro y ahora se desempeña como embajador de Colombia ante El Vaticano, Camargo es la actual fiscal general de Colombia.
La orden de detención la emitió por la cuestionada Sala Tercera de Apelaciones del Organismo Judicial guatemalteco y obedece a supuestas irregularidades durante el trabajo de Velásquez y Camargo en la CICIG por el caso Odebrecht, según detallaron medios locales.
Dicha Sala de Apelaciones ha sido señalada por diversos expertos en temas judiciales por sus resoluciones en contra de la libertad del periodista José Rubén Zamora Marroquín, encarcelado desde hace más de mil días sin cargos probados en su contra.
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