Ciudad de Guatemala, 24 abr (AGN).– La Procuraduría General de la Nación (PGN) continúa fortaleciendo su labor en defensa de los derechos de las mujeres guatemaltecas al ofrecer acompañamiento legal en casos de violencia económica. A través de su Unidad de Protección de los Derechos de la Mujer, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad, se brinda orientación jurídico-administrativa a quienes enfrentan esta forma de agresión.
Durante el presente año, ya se han concretado 18 convenios alimenticios, la mayoría gestionados por mujeres entre los 31 y 59 años, únicamente en el departamento de Guatemala. El año anterior, el total de acuerdos alcanzó los 61.
Estos convenios resultan de un proceso de conciliación que permite a ambas partes llegar a un entendimiento sin necesidad de un juicio prolongado.
Los acuerdos son presentados ante un juzgado de familia para su respectiva homologación, garantizando así el cumplimiento legal de lo pactado. En cada etapa, el equipo de la PGN se encarga de orientar y asistir a las mujeres para asegurar que sus derechos prevalezcan.
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— PGN Guatemala (@PGNguatemala) April 23, 2025
Casos de violencia intrafamiliar
Cuando se identifican casos que trascienden la violencia económica, como agresiones físicas, verbales o psicológicas dentro del núcleo familiar, las autoridades remiten a las víctimas al Modelo de Atención Integral para Mujeres Víctimas de Violencia Ixkem (MAIMI).
En el esquema MAIMI, las víctimas reciben atención especializada, acompañamiento psicosocial y asesoría legal, todo en un entorno que prioriza su bienestar y seguridad.
La PGN reafirma su compromiso con la protección y restitución de los derechos de las mujeres en situación de vulnerabilidad. Para quienes necesiten apoyo, están habilitados los números telefónicos 1584 con extensiones 2018 y 2020. También pueden enviar consultas al correo [email protected] o acudir directamente a las oficinas centrales ubicadas en la 15 avenida 9-69, zona 13 de la Ciudad de Guatemala.
Esta labor constante refleja el esfuerzo institucional por garantizar justicia y dignidad para las mujeres que enfrentan condiciones adversas, promoviendo así un entorno más justo y equitativo.
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