Ciudad de Guatemala, 15 nov. (AGN).- La Procuraduría General de la Nación (PGN) anunció que interpondrá una acción de amparo en contra de la decisión de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, que revocó las medidas sustitutivas que benefician al periodista José Rubén Zamora.
En consonancia con lo dicho por el presidente Arévalo, quien consideró que la resolución judicial afecta la libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo en el país, la PGN recordó que el Estado de Guatemala se organiza para asegurar la máxima vigencia y plenitud de los derechos de las personas. Por lo que subrayó que su eficacia depende hoy más que nunca del actuar de los tribunales de justicia.
La procuraduría hizo saber a la ciudadanía que, si Zamora es devuelto tras las rejas, el Estado de Guatemala podría enfrentar una condena internacional. Especialmente por la prolongada retención del periodista de forma preventiva, sin haber obtenido condena. Zamora estuvo más de 800 días en prisión antes de gozar de las medidas sustitutivas ahora revocadas.
De hecho, la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala ya se pronunció recordando que la opinión en mayo del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias determinan que el arresto y detención de José Rubén Zamora fueron resultado de su ejercicio del derecho a la libertad de expresión.
Nuevamente buscan que José Rubén Zamora vuelva a prisión de forma completamente abusiva y arbitraria. Está a prueba nuestro sistema judicial y el pueblo de Guatemala ha sido claro en demandar respeto al ejercicio periodístico.
Cualquier resolución que atente contra la libertad…
— Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) November 15, 2024
Actuar de la PGN
Ante el panorama actual en el caso de Zamora y el riesgo de una reclamación a Guatemala en el Sistema Universal o ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la PGN enfatizó que acciona en defensa de los intereses del Estado de Guatemala.
Además, apuntó a que trabaja incansablemente en evitar que el Estado se vea afectado por acciones y resoluciones que ejemplifican casos de persecución condenados internacionalmente.
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dc/dm