Ciudad de Guatemala, 24 sep (AGN).- El Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) se ha sumado a las acciones para el combate a la corrupción en las instituciones públicas, por lo que instaló una Oficina de Transparencia y Probidad en sus instalaciones.
La institución compartió que la apertura de este espacio responde al mandato del gobierno de Bernardo Arévalo y Karin Herrera referente al combate de las malas prácticas en las instituciones del Estado.
En el acto de inauguración participaron la presidenta en funciones Karin Herrera y el director del Inguat, Harris Whitbeck. Asimismo, se presentó al evento el embajador de los Estados Unidos, Tobin Bradley, y representantes de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.
Whitbeck destacó que estos esfuerzos se desarrollan con el fin de restaurar la confianza en las instituciones del Estado:
La corrupción es una enfermedad que ha lacerado a nuestra sociedad por demasiado tiempo. En el Inguat 2.0 actuamos con honestidad, probidad y transparencia. Queremos que los turistas y el sector turístico confíen plenamente en nuestra labor.
La nueva Oficina de Transparencia y Probidad trabaja para garantizar una gestión más abierta y transparente, protegiendo los derechos y promoviendo el cumplimiento de las buenas prácticas.
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— Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- (@InguatPrensa) September 24, 2024
Más del 91 % de instituciones públicas con oficinas de probidad
De acuerdo con el comisionado nacional contra la Corrupción, Julio Flores, hay avances significativos en la lucha contra la corrupción y muestra de ello es la instalación de espacios de probidad. Desde abril, la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC) implementó el Código de Ética para el Organismo Ejecutivo, diseñado para prevenir actos de corrupción. Este código ha sido un hito en la promoción de la integridad dentro del Ejecutivo.
Según Flores, más del 91 % de las instituciones del Ejecutivo ya han establecido oficinas de asuntos de probidad. Estas oficinas forman una red de integridad dentro del Organismo Ejecutivo y están compuestas por más de 65 servidores públicos comprometidos con la lucha contra la corrupción. Esta red es fundamental para la vigilancia y el fortalecimiento de la transparencia en la administración pública.
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