Ciudad de Guatemala, 16 ago (AGN).- La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) ha destapado uno de los casos de fraude tributario más grande de los últimos años.
El denominado caso B410 (Bamvi 410) expone una red de corrupción compuesta por 410 empresas, responsables de estafar al Estado de Guatemala en una cantidad que supera los 300 millones de quetzales, cifra que, según las autoridades, podría incrementarse conforme avancen las investigaciones.
La red, que operaba desde 2021 hasta 2024, incluye empresas que, en muchos casos, fueron contratistas directas de instituciones estatales.
En una entrevista con el programa Con Criterio, el superintendente Marco Livio Díaz explicó cómo se ha desarrollado la investigación del fraude hasta el momento. Díaz reveló que, tras 32 auditorías a empresas vinculadas a esta red, se determinó la magnitud del fraude. Sin embargo, advirtió que las auditorías están lejos de concluir y que la cifra de 300 millones de quetzales es solo el inicio, ya que podría llegar a superar los 800 millones.
🔎 #CasoB410 En conferencia de prensa, autoridades de SAT revelan detalles de una estructura de Defraudación Tributaria que ha sido identificada.
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— SAT Guatemala (@SATGT) August 14, 2024
Una de las tácticas empleadas por esta red consistía en facturarse a sí mismas, según explicó el superintendente. Esta compleja estructura permitió que las empresas ocultaran sus actividades fraudulentas mediante el uso de otras compañías que operaban como fachada, generando una cadena de transacciones ficticias.
En palabras de Díaz: Es una red que se factura a sí misma, lo que permitía camuflar las estafas y fraude bajo la apariencia de operaciones comerciales legítimas.
Procedimientos legales
Díaz destacó que, a pesar de que las auditorías no han finalizado, fue necesario proceder con la denuncia ante el Ministerio Público para detener las actividades fraudulentas de esta red.
Era necesario presentar la denuncia, y algo que urgía era desconectar de la facturación a este grupo de compañías.
Según el superintendente, mientras no se hiciera pública esta información y no se presentara la denuncia, no se podía desactivar la forma operativa de estas empresas, lo que continuaría afectando las arcas del Estado.
Auditorías
El proceso de auditoría ha implicado la revisión de empresas que han facturado grandes sumas al Estado, con montos que oscilan entre los 81 millones de quetzales para solo un grupo de nueve compañías. Sin embargo, Díaz subrayó que en muchos casos no existen compras reales detrás de estas transacciones, lo que sugiere que se trataba de operaciones simuladas para desviar fondos públicos.
El desarrollo de esta investigación no ha estado exento de riesgos para los funcionarios involucrados. Díaz confirmó que tanto él como su equipo han recibido amenazas de muerte. En particular, mencionó el caso de una auditora en Cobán que detectó irregularidades en las facturas de una empresa y decidió investigar por su cuenta en la capital, lo que la expuso a un peligro considerable.
Relación con el Gobierno anterior
Uno de los aspectos más controvertidos del caso B410 es su posible vinculación con figuras del gobierno anterior. Aunque el superintendente Díaz ha sido cauteloso al respecto, varios analistas y medios de comunicación han sugerido que la red podría haber operado bajo la protección de altos funcionarios durante el mandato de la anterior administración.
No obstante, Díaz aclaró que hasta el momento no hay pruebas concluyentes que involucren directamente a miembros del gobierno anterior. Sin embargo, aseguró que la investigación continúa y que no se descarta la posibilidad de que en el futuro se revelen más implicados.
La SAT estima que la investigación apenas ha avanzado en un 20 % o 25 % de su total, lo que indica que todavía queda mucho por descubrir sobre la operación de esta red.
Ante la gravedad del caso, la Comisión Nacional Contra la Corrupción, encabezada por Julio Flores, ha manifestado su disposición para colaborar en la depuración de las instituciones estatales que se han visto involucradas.
Lucha contra la corrupción
El caso B410 es solo un ejemplo más de la fragilidad del sistema de contratación pública en Guatemala y de cómo la corrupción afecta directamente a los ciudadanos, especialmente a los sectores más vulnerables. La defraudación de 300 millones de quetzales representa recursos que debieron haberse destinado a mejorar los servicios públicos, pero que en su lugar fueron desviados por una red de empresas fraudulentas.
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