Ciudad de Guatemala, 24 jul (AGN).- A mediados del año pasado, la situación en puerto Quetzal generaba serias preocupaciones debido a la incertidumbre que rodeaba la operación de la terminal de contenedores, sumada a problemas estructurales como el fondeo y las dragas.
El ambiente era tenso, pues la interrupción de operaciones representaba un riesgo nacional. A raíz de esta situación, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) interpuso un amparo, exigiendo al Gobierno una solución inmediata.
Así lo explicó el presidente de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), vicealmirante Jorge Antonio Lemus, durante una conferencia de prensa, destacando la complejidad del proceso y la cantidad de actores gubernamentales involucrados.
El vicealmirante José Lemus de @PortuariaEPQ explicó que, tras la nulidad del contrato con TCQ, se actuó con responsabilidad legal en tres frentes:
➡️ Marco legal: Se definió un modelo de gestión indirecta junto a APM Terminals, vigente en el 60% de terminales portuarias, que… pic.twitter.com/Co434XTqVh
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El amparo y los tres ejes clave para la solución
El recurso legal presentado por el CACIF obligó la participación de instituciones como el Ministerio de la Defensa, la Procuraduría General de la Nación, la SAT y la propia EPQ. Una resolución judicial exigía tres acciones fundamentales:
- Anular el contrato entre EPQ y Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).
- Asegurar la continuidad de operaciones.
- Actuar conforme al marco legal vigente.
Para dar cumplimiento a estas exigencias, la EPQ apostó por un modelo de gestión indirecta. Este esquema ya funcionaba en otros servicios portuarios, pero su aplicación en la operación de contenedores representaba un reto mayor, tanto técnico como de confianza entre las partes.
#LaRondaGt | En junio de 2024, la situación en Puerto Quetzal generaba serias preocupaciones debido a la incertidumbre que rodeaba la operación de la terminal de contenedores. Sin embargo, esta fue la hoja de ruta que se siguió desde el @GuatemalaGob, que permitió una continuidad… pic.twitter.com/m4IMs7hIOI
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Reestructuración legal del modelo operativo
La propuesta consistió en reemplazar el modelo anterior, considerado encubiertamente como una concesión por un contrato de operación en el que EPQ conserva el control de los ingresos y retribuye al operador privado según los servicios prestados. Esta modalidad permitió garantizar la legalidad y mantener el principio de bien común que exige la ley guatemalteca.
El reto más grande fue lograr que APM Terminals, el nuevo operador, confiara en esta fórmula y asumiera su rol bajo el nuevo marco contractual. Una vez alcanzado ese consenso, se integraron los sistemas operativos y aduanales, especialmente la administración del Depósito Aduanero Temporal (DAT), ahora bajo control de EPQ.
Continuidad sin tropiezos: el objetivo cumplido
A la fecha, la transición se concretó sin que los usuarios notaran interrupciones. No se han reportado reclamos ni inconvenientes, lo que demuestra que el tercer requisito del amparo fue alcanzado: mantener la operación sin pausas.
El vicealmirante Lemus concluyó reiterando el compromiso de puerto Quetzal de seguir creciendo como un vínculo estratégico.
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