Caracas, 12 abr (EFE).- Venezuela está en el punto de mira de la comunidad internacional, sobre todo, desde marzo, cuando la oposición mayoritaria denunció trabas para inscribir a su candidata a las presidenciales del 28 de julio, Corina Yoris.
Lo anterior levantó una ola de críticas a la que se sumaron líderes izquierdistas cercanos al Gobierno, como el presidente colombiano, Gustavo Petro, o el brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.
Petro calificó las inhabilitaciones de opositores como un golpe antidemocrático, y Lula tachó de graves y sin explicación política ni jurídica los impedimentos para inscribir a Yoris.
Ella fue escogida por la alianza ante la sanción que pesa sobre María Corina Machado -ganadora de las primarias antichavistas-, que le impide ocupar cargos públicos de elección popular hasta 2036.
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Sin injerencias
Además de Colombia y Brasil, Argentina, Uruguay, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y EE. UU., así como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE), expresaron su preocupación por el desarrollo del proceso electoral.
Por su parte, el presidente Nicolás Maduro, quien busca una segunda reelección, criticó que Gobiernos de derecha y de la izquierda cobarde intenten inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela.
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Exigencia
En marzo pasado, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos pidió en un debate sobre la situación de Venezuela que el país celebre unas elecciones presidenciales transparentes, inclusivas y participativas, el próximo 28 de julio
Asimismo, solicitó que se permita que sus trabajadores expulsados en febrero regresen al país.
La alta comisionada adjunta Nada Al-Nashif ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas señaló al respecto en esa ocasión:
Esperamos que nuestra oficina pueda reanudar pronto plenamente su labor de servicio a la población de Venezuela, y fortalecer nuestra cooperación con las autoridades sobre la base del respeto mutuo y el diálogo franco y transparente.
Las autoridades venezolanas obligaron a trece empleados de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas a dejar Venezuela en el plazo de 72 horas.
Esto, después de que el propio presidente venezolano, Nicolás Maduro, les acusara de espionaje y conspiración.
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