Ciudad de Guatemala, 18 feb. (AGN).- La Procuraduría General de la Nación (PGN) presentó una denuncia por un caso de supuestas adopciones ilegales presentado esta semana por expertos independientes del sistema de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Durante La Ronda de este miércoles, el procurador Julio Saavedra indicó:
La PGN presentó la denuncia correspondiente ante el MP activando el mecanismo jurídico que permite que los hechos sean investigados con independencia, objetividad y apego al debido proceso.
Además, el funcionario señaló que la PGN solicitó que se le admita como querellante adhesivo con el propósito de coadyuvar activamente con el proceso, aportando elementos que contribuyan con el esclarecimiento de los hechos y al fortalecimiento de la investigación dentro del marco legal correspondiente.
Proteger a la niñez
El procurador Saavedra resaltó que el Estado reafirma su compromiso con la protección de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes del país.
Proteger a la niñez es actuar, no callar. Hoy comparezco ante ustedes para explicar con claridad una decisión que responde al cumplimiento estricto de la ley y al compromiso permanente del Estado con la justicia y la protección integral de la niñez y la adolescencia del país, reafirmó el funcionario.
Además, resaltó que en días recientes expertos independientes del sistema de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitieron un comunicado relacionado con Guatemala.
Este tipo de pronunciamientos constituye un llamado de atención dentro del sistema internacional y derechos humanos, cuando existen señalamientos sobre graves vulneraciones con niños, niñas y adolescentes.
El derecho internacional y el ordenamiento jurídico interno coinciden en un principio fundamental, los hechos deben esclarecerse mediante acciones institucionales objetivas y conforme a la ley, añadió Saavedra.
El comunicado enfatiza la importancia de que las alegaciones se investiguen y se establezca la verdad a través de los mecanismos estatales competentes. Señaló que el objetivo es garantizar la certeza jurídica, protección efectiva de derechos y respeto pleno al debido proceso.
Al respecto, el procurados expuso:
Corresponde al Estado, a través de sus instituciones, asegurar que la verdad se establezca por al vías legales previstas. En ese marco, la actuación de la PGN se fundamenta directamente en la legislación nacional, los artículos 55 y 108 de la Ley de Protección de la Niñez y la Adolescencia establecen denunciar cualquier hecho que pueda vulnerar los derechos de los niños niñas y adolescentes.
Con esto se reafirma el funcionamiento normal y objetivo del Estado de derecho, aseguró.
La PGN demuestra en casos complejos que su actuación se guía con profesionalismo y vocación de servicio público para la protección de los intereses de niños niñas y adolescentes.
El titular de @PGNguatemala, Julio Saavedra, informó que dicha institución presentó una denuncia al @MPguatemala y solicitó ser querellante adhesiva en el caso de adopciones ilegales de menores que vincularon a la Fiscal General @AGN_noticias pic.twitter.com/VfAWH3kPb5
— Brenda Lari (@Brenda_AGN) February 18, 2026
Los hechos
Expertos de la ONU vincularon el lunes 16 de febrero del presente año a la actual fiscal general de Guatemala. Con adopciones ilegales de niños indígenas ocurridas en la década de 1980, durante el conflicto armado interno.
Asimismo, los especialistas de la ONU dijeron haber recibido información sobre al menos 80 niños indígenas, los cuales fueron sometidos a adopciones ilegales internacionales, tras su captura y desaparición forzada entre 1968 y 1996.
En el informe, los investigadores de la ONU instan a investigar el supuesto involucramiento de funcionarios públicos de ese entonces, incluyendo a la actual fiscal general del Ministerio Público, María Consuelo Porras, a quien ubican durante el período de los hechos como directora del centro. De acuerdo con lo recogido por los expertos, los niños fueron institucionalizados luego de su captura y desaparición forzada, y posteriormente ingresados a mecanismos de adopciones internacionales ilegales. De esa cuenta, apuntan a Porras como la tutora legal de los niños desde el 21 de enero hasta el 30 de agosto de 1982.
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