Ciudad de Guatemala, 28 jul (AGN).- Durante la Ronda del Ejecutivo de este lunes, el ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, anunció la entrega oficial al Congreso de la República de la iniciativa de ley antilavado de dinero, identificada como iniciativa 65-93.
Esta propuesta legislativa ya fue incluida en la agenda del Organismo Legislativo y se leerá en primer punto de este martes, según se dio a conocer en la conferencia el presidente Bernardo Arévalo.
Al presentar la iniciativa, el ministro Menkos subrayó que esta normativa representa uno de los principales legados del gobierno del presidente Bernardo Arévalo, al procurar una modernización institucional que fortalezca la imagen de Guatemala tanto en el plano nacional como internacional.
Además, enfatizó que actualizar los marcos normativos es una tarea constante, especialmente en temas sensibles como el combate al lavado de dinero, el financiamiento ilícito y otras formas de criminalidad.
Según el funcionario, la propuesta responde a la necesidad de adaptar el marco legal guatemalteco a los estándares internacionales más recientes. Además, la ley responde a la lucha contra el narcotráfico y aborda otras manifestaciones de crimen organizado.
Con esta legislación se busca proteger la estabilidad del sistema financiero y avanzar hacia el reconocimiento del país con un grado de inversión confiable.
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— Gobierno de Guatemala 🇬🇹 (@GuatemalaGob) July 28, 2025
Recomendaciones de Gafilat
Uno de los pilares de esta propuesta es el cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Estas fueron emitidas tras evaluaciones al Estado guatemalteco en las que se destacó la urgencia de garantizar una mayor transparencia financiera, cerrar vacíos legales que pudieran permitir operaciones ilícitas, y robustecer las normas de prevención.
El proceso de elaboración de esta normativa contó con el acompañamiento técnico del Fondo Monetario Internacional desde febrero de 2024, a solicitud del presidente Arévalo. Posteriormente, se sumaron el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.
La propuesta se basó en derecho comparado, prácticas prudenciales y normativa vigente, considerando la evolución del fenómeno a lo largo del tiempo.
Una sola ley, múltiples alcances
La iniciativa fusiona dos normativas preexistentes: la Ley contra el Lavado de Dinero de 2001 y la Ley para Prevenir el Financiamiento del Terrorismo de 2005. Ahora, estos marcos se integrarán en una sola ley compuesta por 126 artículos distribuidos en seis títulos.
Entre los aspectos clave se encuentran el fortalecimiento del régimen preventivo, la redefinición de responsabilidades para los sujetos obligados y nuevas exigencias para entidades públicas y privadas con oficiales de cumplimiento.
Uno de los cambios más significativos es la ampliación del universo de personas y entidades obligadas a reportar actividades sospechosas, así como la creación de controles más estrictos para identificar quiénes están realmente detrás de las operaciones financieras. Menkos remarcó que este punto es esencial para garantizar una sociedad más transparente.
Reformas complementarias y disposiciones transitorias
La iniciativa también propone ajustes en otras leyes, como el Código Penal, el Código de Comercio, la Ley contra la Delincuencia Organizada y la normativa sobre servicios de seguridad privada.
Finalmente, se establecen disposiciones transitorias que facilitarán la implementación mediante convenios interinstitucionales y la adecuación de los sistemas de información a los nuevos estándares.
Con esta propuesta, el Ejecutivo apuesta por reforzar el blindaje legal del país frente a delitos financieros y posicionar a Guatemala como un Estado comprometido con la transparencia y la responsabilidad económica.
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