Ciudad de Guatemala, 17 nov (AGN). – Con el objetivo de crear y desarrollar un marco institucional de la ciberseguridad en el país, así como establecer un régimen sancionatorio de carácter administrativo, se publicó este día la oficialización de la Ley Marco de Ciberseguridad en el Diario de Centro América.
En materia penal, la aplicación de la ley tendrá efectos sobre toda persona individual y jurídica, nacional o extranjera, que cometa un hecho tipificado como delito en el ciberespacio en cualquiera de las circunstancias en cuanto se ejecute una acción delictiva dentro del territorio nacional, desde el extranjero produciendo su consumación o nacionales.
En su marco institucional de ciberseguridad, como jerarquía institucional designa al Consejo Nacional de Ciberseguridad como ente rector nacional de la ciberseguridad, al ministerio de Gobernación como ente rector sectorial de la ciberseguridad y a la dirección nacional de ciberseguridad como órgano técnico operativo adscrito al Ministerio de Gobernación.
De igual manera se crea el Consejo Nacional de Ciberseguridad, como ente rector para la toma de decisiones estratégicas sobre asuntos de interés nacional en materia de ciberseguridad.
En su creación mencionan que el consejo no tendrá presupuesto propio, y estará conformado por el presidente de la República quien lo presidirá, junto a los ministros de Gobernación, Relaciones Exteriores, de la Defensa, Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Finanzas Públicas, secretario de inteligencia estratégica del Estado y director general de la dirección quien será el secretario del consejo.
Respuesta ante incidentes de ciberseguridad
En el cuarto capítulo la ley establece la creación del Centro de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad de Guatemala, la cual realizará el monitoreo continuo de los sistemas, redes y servicios digitales bajo su ámbito de competencia, así como la emisión de alertas, boletines y reportes técnicos sobre materia.
También tienen la designación de detectar, analizar, clasificar y gestionar oportunamente incidentes cibernéticos y ciberataques, conforme a los protocolos de respuesta establecidos.
La ley también establece el fortalecimiento institucional del Ministerio Público en materia de ciberseguridad, para el cumplimiento de las disposiciones de la ley, para crear la Fiscalía Especializada para la investigación de los delitos contenidos en la ley.
El ministerio Público también deberá contratar y capacitar a personal especializado en ciberseguridad y ciberdelitos para garantizar el debido cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley.
Disposiciones finales
Al finalizar la ley se indica que el Centro de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad deberá encontrarse en funcionamiento en un plazo máximo de 18 meses a partir de la entrada en vigor de la ley.
El Ministerio de Finanzas también deberá asignar una partida presupuestaria específica, con fuente de financiamiento de los ingresos tributarios sin destino específico u otras fuentes que se especifiquen en el presupuesto.
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