Ciudad de Guatemala, 17 nov. (AGN).– El Gobierno de Guatemala condenó enérgicamente el ataque armado perpetrado contra una fiscal del Ministerio Público (MP) encargada de la persecución penal de delitos electorales y aseguró que pondrá a disposición las capacidades de investigación y seguridad del Estado para esclarecer el hecho.
Por medio de un comunicado oficial, el Ejecutivo calificó el atentado como una agresión contra una operadora de justicia y contra la institucionalidad democrática del país.
Asimismo, reiteró su compromiso con el respeto al Estado de derecho y la protección de quienes tienen a su cargo investigar posibles delitos que afectan los procesos electorales.
Gobernación coordina apoyo al Ministerio Público
Ante lo ocurrido, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, dirige las acciones de apoyo al Ministerio Público, en cumplimiento de las instrucciones del presidente Bernardo Arévalo.
La disposición contempla facilitar todas las capacidades de investigación y seguridad del Estado para contribuir al esclarecimiento del ataque. El objetivo es identificar a los responsables materiales e intelectuales y garantizar que respondan ante la justicia.
El Gobierno señaló que las instituciones de seguridad mantendrán el trabajo coordinado con el Ministerio Público para apoyar las investigaciones y fortalecer las medidas de protección del personal de esa institución.
Refuerzan protección a instituciones de justicia
El comunicado también destaca que las fuerzas de seguridad continuarán trabajando de manera conjunta con el ente investigador para ejecutar las medidas necesarias que permitan proteger a los funcionarios y resguardar la institucionalidad encargada de la justicia y del proceso electoral en todo el territorio nacional.
El Ejecutivo enfatizó que ninguna amenaza ni acto de violencia puede estar por encima de la ley. En ese sentido, aseguró que las capacidades del Estado están al servicio de garantizar que los funcionarios públicos puedan ejercer sus responsabilidades sin intimidaciones ni presiones.
La investigación de posibles delitos electorales requiere condiciones que permitan a las autoridades desarrollar su trabajo con independencia y seguridad, especialmente cuando se trata de hechos que pueden afectar la confianza en las instituciones democráticas.
Reafirman compromiso con la democracia
El Gobierno advirtió que atacar a quienes tienen la responsabilidad de investigar los delitos electorales también representa una amenaza para los derechos de la población, particularmente para el derecho de los guatemaltecos a elegir libremente y a que se respete su voluntad expresada en las urnas.
Por ello, reiteró su compromiso con la democracia y con la garantía de procesos electorales libres, transparentes y legítimos.
Finalmente, el Ejecutivo aseguró que actuará con firmeza y dentro del marco de la ley para garantizar la seguridad de la población, proteger a los funcionarios públicos y evitar que el atentado quede en la impunidad.
Las instituciones de seguridad y justicia mantendrán la coordinación para contribuir al esclarecimiento de los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes.
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