Ciudad de Guatemala, 18 nov. (AGN).– El Congreso de la República ratificó, con 148 votos a favor, el Estado de Sitio decretado por el Organismo Ejecutivo para los departamentos de Zacapa e Izabal, como parte de las acciones para fortalecer la seguridad, combatir el crimen organizado y recuperar el control territorial en ambos departamentos.
La decisión se aprobó durante una sesión plenaria, en la que diputados de distintas bancadas respaldaron la medida extraordinaria, al considerar necesario reforzar las acciones de las fuerzas de seguridad ante los hechos de violencia que afectan a las familias del nororiente del país.
La disposición fue decretada por el Ejecutivo en Consejo de Ministros y busca ampliar las capacidades de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad ciudadana, así como enfrentar a las estructuras criminales que operan en esa región.
Primeros resultados del despliegue
Tras el inicio de las acciones de seguridad en Zacapa e Izabal, el Ministerio de Gobernación compartió los resultados de los primeros operativos realizados por las fuerzas de seguridad en ambos departamentos.
De acuerdo con el reporte institucional, las acciones permitieron la aprehensión de 21 personas. De estas, 16 fueron detenidas en cumplimiento de órdenes de aprehensión, mientras que otras cinco fueron sorprendidas en flagrancia.
Además, las autoridades reportaron la incautación de un arma de fuego y la consignación de un vehículo y siete motocicletas.
Estos resultados forman parte de las primeras intervenciones desarrolladas como parte del despliegue de seguridad, que busca fortalecer la presencia de las instituciones en el territorio y avanzar en el combate contra las estructuras criminales.
Trabajo conjunto para recuperar el control territorial
La ratificación del Estado de Sitio respalda las acciones extraordinarias impulsadas por el Ejecutivo en Zacapa e Izabal, donde las fuerzas de seguridad mantienen operativos para prevenir hechos delictivos y combatir a los grupos que afectan la tranquilidad de la población.
Con el respaldo del Congreso, las instituciones de seguridad cuentan con el marco legal correspondiente para continuar con las acciones contempladas en esta medida, bajo el propósito de proteger a las familias y fortalecer la seguridad en el nororiente del país.
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