Ciudad de Guatemala, 17 mar. (AGN).- El Congreso de la República juramentó a los cinco magistrados titulares y cinco suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE) electos para el período 2026-2032.
Durante la sesión ordinaria de este martes, los nuevos magistrados fueron juramentados por el presidente del Legislativo, Luis Contreras, en cumplimiento de lo estipulado en la Constitución Política de la República, antes de asumir formalmente sus cargos.
Con este acto, el Legislativo formaliza la integración del órgano que tendrá a su cargo la organización, supervisión y transparencia de los próximos comicios generales.
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Los magistrados
Durante la reunión ordinaria del martes 10 marzo, los parlamentarios eligieron:
Magistrados titulares del TSE:
- Mario Alexander Velásquez Pérez
- Roberto Estuardo Morales Gómez
- Rosa Mariella Josabeth Rivera Acevedo
- Karin Virginia Romero Figueroa
- Quelvin Otoniel Jiménez Villalta
Magistrados suplentes:
- Giovanni Francisco Soto Santos
- Joaquín Rodrigo Flores Guzmán
- Francisco Javier Puac Choz
- Sergio Amadeo Pineda Castañeda
- Alfredo Skinner-Klée Arenales
Los magistrados deben asumir sus formalmente sus funciones el próximo 25 de marzo.
Estos funcionarios integrarán el pleno del TSE, la máxima autoridad electoral del país. El organismo tiene a su cargo la organización de elecciones, la supervisión de procesos electorales y la garantía de la legalidad del sistema electoral guatemalteco.
El Tribunal Supremo Electoral anunció que el padrón electoral alcanzó los 10,018,025 ciudadanos empadronados, resultado del trabajo conjunto de sus dependencias y de las jornadas realizadas en distintos puntos del país para ampliar la participación ciudadana.
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Agenda legislativa
La agenda también contempla conocer la iniciativa de ley que dispone integrar la Corte de Constitucionalidad para 2026-2031.
Se prevé la discusión del proyecto de acuerdo legislativo mediante el cual se convoca a los magistrados titulares y suplentes de dicho tribunal para que presten juramento.
Otro de los puntos del día es el primer debate del dictamen y proyecto del Decreto 6593, que propone aprobar la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, que busca fortalecer mecanismos de prevención, control y sanción frente a estos delitos, en línea con estándares internacionales de transparencia financiera.
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