Ciudad de Guatemala, 16 abr (EFE).- El comisionado anticorrupción del Gobierno de Guatemala, Santiago Palomo, asegura que los primeros meses en el cargo han sido una montaña rusa luego de haber encontrado un Estado en condiciones críticas ante los indicios de que entre 2 mil y 3 mil millones de dólares fueron malversados durante el gobierno anterior.
Palomo, un abogado de 29 años graduado de la Universidad de Harvard (EE. UU.), aseguró durante una entrevista que los primeros meses en el puesto, designado por el presidente, Bernardo Arévalo, han sido intensos y comparables con una montaña rusa.
Al respecto, el comisionado detalló:
Estamos intentando navegar en un Organismo Ejecutivo que recibimos en condiciones críticas. Identificamos un patrón al charlar con los nuevos ministros y secretarios: lo describen como una rata muerta en cada gaveta que se abre. Así se definen las condiciones en las que se asumió el Gobierno.
La @CNCguatemala creará un tablero digital para dar a conocer a la población los casos de corrupción que se han encontrado en las instituciones del Ejecutivo y las denuncias correspondientes. https://t.co/rD1OhD7f2k
— Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) April 15, 2024
Malversación multimillonaria
Según expertos citados por medios locales e internacionales, el gobierno pasado pudo haber malversado hasta 3 mil millones de dólares entre 2020 y 2024.
Precisamente el índice de percepción de corrupción de 2023 ubicó a Guatemala entre los cinco países con más malversación de fondos estatales, solo por detrás de Haití, Nicaragua, Venezuela y Honduras.
El comisionado Palomo dice que la corrupción encontrada operaba bajo un mismo patrón:
Desembolsos financieros relevantes del 70 % al 90 % (para la construcción de) obras públicas que se encuentran tiradas, como escuelas y carreteras, cuyo avance no supera el 30 % o 40 %.
De acuerdo con el funcionario, así funcionaban estas estructuras de corrupción en el Estado, ahora mismo siguen intentando operar.
Primeros casos denunciados
El gobierno del presidente Arévalo denunció ante los tribunales de justicia el pasado 4 de abril a Amelia Flores, exministra de Salud, por anomalías en la compra de 16 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik en 2021, por un monto total de 615 millones de quetzales (79 millones de dólares).
Según diversas fuentes, muchas de las vacunas nunca llegaron al país y otras caducaron antes de que se aplicaran.
Al respecto, Palomo opina:
El caso de las vacunas muestra que estuvieron dispuestos a perseguir sus propios intereses en perjuicio de lo más sagrado, que era la salud de la población, en medio de una pandemia. Se trata de un caso que refleja lo inescrupuloso que llegó a ser el grado de corrupción de la administración anterior.
La semana pasada Palomo, junto a la ministra de Comunicaciones, Jazmín de la Vega, denunciaron a dos exfuncionarios por un posible fraude en la asignación de contratos a una empresa para la construcción de 14 escuelas por un monto de entre 45 y 60 millones de quetzales (entre 5 y 7 millones de dólares aproximadamente).
Fiscalía como obstáculo
El comisionado anticorrupción explica que al Ejecutivo le corresponde detectar y evitar que los casos de corrupción ocurran en esta administración. Sin embargo, es al Ministerio Público al que le corresponde investigar y judicializar.
La Fiscalía no tiene un compromiso real para investigar los casos graves de corrupción, no es una aliada en la lucha anticorrupción, lo que se convierte en un desafío real, reconoce Palomo. Sin embargo, la administración de Arévalo no pretende dejar de denunciar las anomalías que sean encontradas en los diversos ministerios, añadió.
En 2023, la Fiscalía, dirigida por Consuelo Porras Argueta, intentó frenar la victoria electoral del presidente Arévalo en las elecciones generales. Esto lo hizo por medio de diversos casos penales y su actuación fue sancionada por decenas de Gobiernos en todo el mundo, incluido el de Estados Unidos y miembros de la Unión Europea.
Palomo concluye que asumir el brazo anticorrupción de este gobierno por los próximos cuatro años es una gran responsabilidad y una oportunidad para mejorar la dignidad del servicio público. EFE
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