Ciudad de Guatemala, 05 nov (AGN). – El Congreso de la República aprobó la Ley Marco de Ciberseguridad el pasado 3 de noviembre con 121 votos a favor, de urgencia nacional, el cual busca establecer herramientas para prevenir y perseguir los delitos informáticos, además de fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones ante las amenazas digitales.
Esta ley también incorpora ocho transgresiones, entre estas el acceso a interceptación ilícita, ataques contra la integridad de datos y sistemas, falsificación, apropiación de identidad, fraude y abuso de dispositivos, con penas que pueden alcanzar 12 años de prisión, según la imputación.
El Diario de Centro América, publicó un artículo en el que citan al director del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos, Rubén Hidalgo, quien considera que la aprobación coloca a Guatemala, en una etapa de actualización necesaria para enfrentar un fenómeno que ya tiene alcance mundial.
El director también señaló que la norma debe traducirse en capacidades concretas para detectar, contener e investigar ataques, además de garantizar que las nuevas disposiciones lleguen efectivamente al sistema de justicia.
De igual manera, remarcó que esto es un punto de partida de una transformación institucional que deberá sostenerse con recursos, personal especializado y mecanismos de respuesta, pues los riesgos digitales ya no pueden considerarse una amenaza distante, ya que las nuevas modalidades delictivas pueden afectar tanto al Estado como a empresas y ciudadanos.
🛡️ La Ley Marco de Ciberseguridad protege la información y los datos de los guatemaltecos, al mismo tiempo que blinda la red del Estado para responder de forma rápida y eficaz ante cualquier amenaza.
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— Congreso Guatemala (@CongresoGuate) November 5, 2026
Respuesta a ciberataques
La Ley Marco de Ciberseguridad plantea una reorganización de la respuesta institucional ante las amenazas digitales, mediante la creación del Consejo Nacional de Ciberseguridad, la Dirección Nacional de Ciberseguridad y mecanismos especializados para atender incidentes informáticos.
Las instancias tendrán responsabilidades relacionadas con la coordinación, prevención, detección y respuesta frente a posibles amenazas que afecten sistemas e información.
Entre los aspectos relevantes del decreto son plazos establecidos para comunicar determinados incidentes de ciberseguridad, además en el artículo 31, los centros sectoriales de respuesta deberán informar al centro nacional sobre los incidentes dentro de los siguientes períodos, 30 minutos cuando el incidente afecte infraestructura crítica, seis horas para otros incidentes comprendidos en las disposiciones y 72 horas para presentar el reporte completo correspondiente.
Las disposiciones del decreto en el artículo 96 establece que la ley entrará en vigor 30 días después de su publicación en el diario oficial, por lo tanto el plazo no comienza a contarse desde la fecha en que el Congreso aprobó el decreto, sino a partir de su publicación y concluido el procedimiento correspondiente.
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