Ciudad de Guatemala, 29 sep (AGN).– La presidenta del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), Patricia Gámez, participó en la última sesión del Congreso Jurídico Social, denominado Democracia y Estado de Derecho, que tuvo la participación de expositores nacionales e internacionales generando un conversatorio entre los agremiados.
La presidenta dijo que el conversatorio permitió conversar también sobre el aporte que como abogados tienen que brindar al país en la consolidación del Estado de derecho y el fortalecimiento de la democracia.
En cuanto a los temas abordados, estuvo la necesidad de consolidar la institucionalidad pública, fortalecimiento de la independencia judicial, carrera judicial y el nombramiento de altos funcionarios de justicia como primer eje fundamental.
Así como la necesidad de participación ciudadana a través de una auditoría social efectiva permanente y continua, que ayude a mantener sanas las instituciones y el trabajo por el bien común.
Esto compartió la presidenta:
Hemos contado con la cooperación de importantes instituciones y se ha abierto un diálogo constructivo y sobre todo plural, interinstitucional, para aportar en este tema tan importante que es la democracia y el Estado de derecho.
⚖️🇬🇹 Patricia Gámez, presidenta del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, inaugura la penúltima sesión del XXVII Congreso Jurídico Social, dando inicio a una nueva jornada de análisis, reflexión y diálogo sobre los desafíos del Derecho y la democracia. pic.twitter.com/tVakfRgjds
— Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (@CangGuatemala) September 29, 2026
Fortalecimiento de la justicia
Ante posibles irregularidades en la colocación de jueces en el Organismo Judicial, la presidenta expresó la necesidad del fortalecimiento de la carrera judicial y del establecimiento de la meritocracia que lleve a la designación de los funcionarios más capacitados en puestos en los que el mérito los lleve a crecer.
Y, sobre todo, garantizar el principio de permanencia que es un elemento fundamental de la independencia judicial y de verificación constante del desempeño a través de las evaluaciones objetivas y permanentes.
Asimismo, destacó la importancia de la verificación ciudadana porque los jueces también son funcionarios públicos y, en consecuencia, están obligados a dar cuenta de las acciones judiciales que se entablen buscando el beneficio para la población.
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