Ciudad de Guatemala, 22 jul (AGN).- La Procuraduría General de la Nación (PGN) presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para solicitar que las interpelaciones promovidas en el Congreso de la República contra ministros de Estado sean organizadas y calendarizadas de manera que no afecten el funcionamiento del Organismo Ejecutivo.
En entrevista en el programa A primera hora, en Emisoras Unidas, el procurador general de la Nación, Julio Saavedra, explicó que la acción constitucional surge ante la posibilidad de que los 14 ministros del gabinete sean llamados a interpelación de forma simultánea, situación que, según afirmó, pondría en riesgo la continuidad de la administración pública.
El derecho de interpelar no está en discusión
Saavedra aclaró que la PGN no busca impedir que los diputados ejerzan su facultad constitucional de interpelar a los ministros, ya que se trata de un mecanismo de fiscalización reconocido por la Constitución Política de la República.
No obstante, sostuvo que el ejercicio de ese derecho también debe respetar otros principios constitucionales, entre ellos la independencia de los organismos del Estado.
El problema no es la interpelación, sino que el ejercicio de ese derecho pueda traducirse en la paralización del Organismo Ejecutivo.
Como ejemplo, recordó que el ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto, ha permanecido más de 580 días en proceso de interpelación y advirtió que, de repetirse esa situación con la totalidad del gabinete ministerial, el Ejecutivo enfrentaría serias dificultades para atender sus funciones.
La PGN pide una calendarización de las interpelaciones
El procurador explicó que el amparo fue dirigido contra la Junta Directiva del Congreso y no contra los diputados que promovieron las interpelaciones, debido a que esa instancia es la encargada de programar la agenda legislativa y fijar el calendario de las sesiones.
Según indicó, la solicitud presentada ante la CC busca que las interpelaciones sean organizadas de manera escalonada, permitiendo que el Congreso ejerza su función de control político sin afectar la prestación de los servicios públicos.
Lo que pedimos es una calendarización adecuada que permita la eficacia del derecho de interpelar, pero también garantice el funcionamiento del Organismo Ejecutivo.
Saavedra subrayó que la acción legal encuentra sustento en el artículo 141 de la Constitución, el cual establece la independencia entre los organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y prohíbe la subordinación de uno bajo otro.
Desde esa perspectiva, explicó que permitir que todos los ministros permanezcan simultáneamente sujetos a procesos de interpelación podría generar una subordinación práctica del Ejecutivo frente al Legislativo, lo que, a criterio de la PGN, sería contrario al orden constitucional.
#NacionalesAGN I Ante la solicitud de una bancada del Congreso de la República de interpelar a 13 de los 14 ministros del gabinete del Ejecutivo de forma simultanea, el Gobierno del presidente Bernardo Arévalo presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad para…
— AGN (@AGN_noticias) July 20, 2026
Garantizar la continuidad de la administración pública
El jefe de la PGN indicó que, como abogado del Estado, su obligación es proteger los intereses públicos y asegurar la continuidad de los servicios que presta la administración central.
Afirmó que la institución no pretende privilegiar un organismo sobre otro, sino encontrar un equilibrio entre el derecho de fiscalización del Congreso y la necesidad de que el Ejecutivo continúe desarrollando sus funciones.
No se puede poner en riesgo el funcionamiento del Estado para privilegiar exclusivamente el ejercicio de un derecho constitucional. Ambos deben coexistir respetando la Constitución.
Confía en un fallo basado en criterios jurídicos
Durante la entrevista, Saavedra confirmó que la CC dio trámite al amparo y manifestó su confianza en que la resolución será emitida con base en criterios estrictamente jurídicos.
Añadió que la PGN continuará utilizando los mecanismos legales disponibles para defender los intereses del Estado y fortalecer la institucionalidad democrática.
Finalmente, hizo un llamado a mantener la confianza en las instituciones y en el Estado de derecho, al considerar que el fortalecimiento de la democracia depende de que las diferencias entre los organismos del Estado se resuelvan a través de los mecanismos establecidos por la Constitución.
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