Ciudad de Guatemala, 14 abr (AGN).- El Gobierno de Guatemala, por medio del Ministerio de Gobernación (Mingob) y el Ministerio de la Defensa Nacional (Mindef), presentó recursos legales ante las altas cortes del país con el objetivo de retomar la construcción del centro carcelario de máxima seguridad conocido como El Triunfo, ubicado en el departamento de Izabal.
La obra permanece suspendida luego de una resolución judicial; sin embargo, las autoridades aseguran que han iniciado una ruta legal para garantizar la continuidad del proyecto, considerado estratégico para el sistema penitenciario guatemalteco.
El viceministro de Seguridad, Estuardo Solórzano, informó que ambas carteras impulsaron acciones legales de manera independiente, aunque bajo una coordinación conjunta.
Entre los recursos interpuestos destacan un amparo y un ocurso, con el fin de que tanto la Corte de Constitucionalidad (CC) como la Corte Suprema de Justicia (CSJ) conozcan el caso y emitan una resolución definitiva.
Al respecto, Solórzano explicó:
El objetivo es que las instancias superiores resuelvan en definitiva y permitan retomar los trabajos de construcción.
Además, destacó la importancia del proyecto para fortalecer la infraestructura carcelaria del país.
Nuestra cárcel de máxima seguridad en Izabal, responde a una decisión estratégica del @GuatemalaGob, una intervención integral que impulsa desarrollo y oportunidades. 🇬🇹🤝#MásDesarrollo pic.twitter.com/hO217sQaGt
— MinGob (@mingobguate) April 10, 2026
Condiciones listas para reiniciar construcción
Luego de una citación en el Congreso de la República, Solórzano aseguró que el Ejecutivo mantiene listas las condiciones operativas para reanudar la obra de inmediato, una vez se levante la suspensión judicial.
Según detalló, el área del proyecto cuenta con resguardo permanente, maquinaria disponible y personal preparado, lo que permitiría avanzar sin contratiempos en cuanto exista una resolución favorable.
La construcción del centro carcelario El Triunfo fue detenida luego de que la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones de Izabal otorgara un amparo provisional. La decisión se basó en posibles riesgos de inundación en el terreno donde se desarrolla la obra.
De acuerdo con la resolución judicial, estas condiciones podrían afectar la seguridad de los privados de libertad, así como de comunidades cercanas, por lo que se ordenó la paralización inmediata del proyecto hasta que se resuelvan dichas preocupaciones.
Con información del Diario de Centro América (DCA).
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