Ciudad de Guatemala, 7 mar (AGN).- El secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero, denunció el uso de fondos públicos para la persecución política de guatemaltecos en el extranjero y solicitó una auditoría en la Contraloría General de Cuentas (CGC) para determinar los hechos.
Según Guerrero, el pago a un bufete extranjero que buscaba formular acusaciones contra dos guatemaltecos se realizó por solicitud de Ángel Pineda, secretario general del Ministerio Público (MP).
Vengo a denunciar a la Contraloría General de Cuentas el uso de fondos públicos para la persecución política de guatemaltecos en el extranjero, explicó Guerrero.
La auditoría solicitada por orden directa del presidente Bernardo Arévalo es para el MP, la Procuraduría General de la Nación (PGN) y el Ministerio de Finanzas durante los períodos de 2021 y 2022.
Así se autorizó el pago de Q461 mil mensuales a un bufete extranjero
El 16 de diciembre de 2021, Ángel Pineda, en su calidad de secretario general del MP, envió un oficio a Alejandro Giammattei, en ese entonces Presidente de la República, en el que le solicitó pagar un bufete de abogados para que actuara en contra de dos guatemaltecos exiliados, con el pretexto de defensa de los intereses del Estado.
La solicitud de Pineda estaba acompañada únicamente de la impresión de publicaciones en redes sociales, pero, pese a ello, las exautoridades de la Secretaría General ordenaron a la PGN iniciar las gestiones para el pago y emprender la persecución política.
De esa manera, desde la PGN se realizaron las gestiones ante el Ministerio de Finanzas y se asignó un pago mensual de Q461 mil 600 quetzales para este bufete en el extranjero.
Luego de eso, el bufete extranjero inicia su trabajo en contra de dos guatemaltecos exiliados, con una estrategia que, según denunció Guerrero, estuvo aprobada por la fiscal general, Consuelo Porras.
Respecto a denuncias penales contra exfuncionarios, Guerrero explicó que la solicitud de la auditoría ante la CGC es para tener información suficiente para esclarecer los hechos y con eso se puedan tomar las acciones legales que correspondan.
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