Ciudad de Guatemala, 28 jul (AGN).- Durante una intervención remota, el superintendente de Bancos, Saulo de León, se sumó a La Ronda encabezada por el presidente de la República para abordar un tema que calificó como crucial: la urgencia de aprobar la iniciativa de ley que moderniza la normativa contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Su mensaje fue claro: de no aprobarse esta ley, las repercusiones para el país podrían ser severas.
De León recordó que, a inicios de 2027, Guatemala tendrá la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), lo cual implicará un examen detallado sobre las capacidades del país para prevenir y combatir los delitos financieros. Esta evaluación, según indicó, no solo considerará si existen leyes e instituciones adecuadas, sino también si estas producen resultados tangibles.
A juicio del superintendente, Guatemala arrastra deficiencias detectadas desde hace casi una década. Entre los problemas que aún no se corrigen se encuentran la modernización de tipos penales, la inclusión de nuevas figuras obligadas como proveedores de servicios de activos virtuales y el fortalecimiento de mecanismos de coordinación nacional. La omisión en atender estas recomendaciones sería mal vista por los organismos internacionales, advirtió De León.
Nuestro país debe elegir un camino: estar del lado del trabajador honrado, o del crimen organizado. Este Gobierno ya eligió.
Presentaremos al Congreso una nueva Ley Antilavado. No es una ley más: es un golpe clave al corazón del narcotráfico y del crimen organizado. Porque no… pic.twitter.com/qzVsfX5a9c
— Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) July 28, 2025
Riesgo de entrar a la lista gris
Uno de los puntos más críticos señalados fue la amenaza latente de que Guatemala sea incluida en la llamada lista gris, en la que figuran los países que no cooperan suficientemente en la lucha contra el lavado de dinero. De León subrayó que esta inclusión afectaría gravemente la economía nacional, generando obstáculos para las transacciones financieras, encareciendo procesos para empresas y ciudadanos, y desincentivando la inversión extranjera.
El superintendente enfatizó que sectores como el exportador y quienes dependen de remesas se verían especialmente perjudicados. Las transferencias de dinero podrían volverse más lentas y costosas, lo que complicaría la vida de miles de familias y negocios. La economía guatemalteca, advirtió de igual manera, podría estancarse si no se actúa a tiempo.
Según De León, la iniciativa no responde a intereses políticos, sino que constituye una herramienta técnica con la capacidad de fortalecer la transparencia del sistema financiero del país. Su enfoque está basado en el riesgo y busca fomentar la inclusión financiera, mientras se alinea con estándares internacionales. También aclaró que no se trata de criminalizar el uso de dinero, sino de establecer controles eficaces para prevenir su uso con fines ilícitos.
Un esfuerzo que requiere unidad nacional
El funcionario afirmó que combate al lavado de dinero no es tarea de una sola entidad, ya que requiere de la participación del Estado en su conjunto, del sector privado, de las organizaciones civiles y de la ciudadanía. En ese contexto, hizo un llamado urgente a los diputados del Congreso para actuar con responsabilidad y dar luz verde a una ley que podría marcar la diferencia entre el desarrollo o el retroceso financiero del país.
Para Saulo de León, el costo de la inacción parlamentaria sería demasiado alto. La oportunidad de demostrar el compromiso de Guatemala con la legalidad y la transparencia está sobre la mesa. La decisión ahora recae en el Congreso de la República, cuya respuesta determinará el futuro inmediato del sistema financiero nacional.
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