Ciudad de Guatemala, 11 may (AGN).– El presidente Bernardo Arévalo se refirió este lunes a la crisis de hacinamiento en los centros carcelarios del país y aseguró que la estrategia del Gobierno para enfrentar este problema se centra en la construcción de nuevas cárceles, así como en impulsar reformas al sistema judicial que permitan reducir el uso excesivo de la prisión preventiva.
Durante su intervención en la Ronda, el mandatario explicó que la sobrepoblación penitenciaria responde a un problema estructural que no puede resolverse de forma inmediata, debido a los procesos administrativos, legales y financieros que implica la construcción de infraestructura penitenciaria.
Arévalo enfatizó que la administración mantiene su compromiso de edificar nuevos centros de privación de libertad, particularmente en Izabal y Masagua, proyectos que, según explicó, permitirían crear espacios para aproximadamente 5 mil privados de libertad.
En cuanto al proyecto de Masagua (Escuintla), el Presidente explicó que, aunque la obra fue presentada por administraciones anteriores como una infraestructura lista para iniciar su construcción, al asumir el gobierno detectaron múltiples irregularidades.
Entre ellas, mencionó problemas relacionados con la propiedad del terreno, dudas jurídicas sobre la titularidad estatal del área destinada para la obra y retrasos administrativos que impidieron avanzar.
Según detalló, el caso está siendo revisado junto al Banco Centroamericano de Integración Económica, entidad que financió originalmente el proyecto, con el objetivo de reorientar los fondos y retomar la construcción bajo condiciones legales claras.
Cárcel de Izabal espera resolución judicial
Sobre la cárcel proyectada en Izabal, Arévalo aseguró que el Ejecutivo está preparado para iniciar los trabajos inmediatamente después de que se resuelva el recurso legal pendiente.
Incluso, afirmó que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército ya se encuentra desplegado en el departamento caribeño, listo para comenzar las labores.
Estamos detenidos únicamente por esa acción legal. En cuanto finalice, avanzaremos en la construcción.
El mandatario recordó que el Gobierno proyectó completar esta obra en un plazo estimado de entre un año y año y medio.
La infraestructura forma parte del plan integral de fortalecimiento del sistema penitenciario impulsado por la actual administración para combatir el hacinamiento, mejorar las condiciones carcelarias y reforzar el control interno.
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Medidas inmediatas ante la crisis penitenciaria
En cuanto a las acciones que implementará el Gobierno mientras se concretan estas construcciones, Arévalo reconoció que la situación requiere respuestas temporales.
Explicó que, además de continuar con operativos de requisas y fortalecimiento de controles, se trabaja en coordinación con el sistema judicial y con diputados del Congreso de la República de Guatemala para promover alternativas legales que reduzcan la saturación penitenciaria.
El Presidente sostuvo que una de las causas principales del hacinamiento es la sobreutilización de la prisión preventiva. Indicó que en muchos casos, aun cuando la legislación contempla medidas sustitutivas, los jueces optan por ordenar prisión provisional.
Como parte de las soluciones, el Ejecutivo respalda iniciativas orientadas a ampliar el uso de mecanismos como arresto domiciliario supervisado y dispositivos electrónicos de control.
Arévalo mencionó específicamente la implementación de brazaletes electrónicos de control telemático para personas procesadas por delitos menores o casos en los que no exista riesgo de fuga.
Si no se trata de crímenes graves, la persona podría esperar juicio en su vivienda bajo monitoreo, evitando ocupar espacio en las cárceles.
Según el mandatario, esta medida permitiría despresurizar el sistema penitenciario sin comprometer la seguridad ciudadana.
Reformas para evitar prolongación de condenas por multas
Otro de los problemas identificados por el Ejecutivo tiene relación con el cálculo de multas impuestas en ciertos delitos.
Arévalo explicó que actualmente muchas personas condenadas permanecen más tiempo privadas de libertad debido a que no logran pagar las sanciones económicas impuestas junto a sus penas.
Cuando estas multas no son canceladas, se traducen en ampliaciones del tiempo de encarcelamiento.
Para el gobernante, esta situación constituye una forma de doble castigo, razón por la cual existen propuestas legislativas que buscan modificar este mecanismo.
La intención, dijo, es evitar que personas permanezcan recluidas únicamente por incapacidad económica.
Construcción de cárceles, la apuesta central
Pese a las reformas planteadas, Arévalo reiteró que la solución de fondo sigue siendo ampliar la infraestructura penitenciaria.
Subrayó que reducir el hacinamiento sin nuevos centros carcelarios resulta inviable, especialmente mientras el Estado mantiene operativos de captura contra estructuras criminales.
No vamos a resolver el problema dejando de capturar personas.
El Presidente insistió en que las cárceles de Izabal y Masagua representan la principal apuesta gubernamental para transformar el sistema penitenciario guatemalteco.
De concretarse ambos proyectos, el país podría experimentar una reducción significativa en los niveles de sobrepoblación que durante años han afectado la operatividad de los centros de detención y limitado las condiciones mínimas para su adecuado funcionamiento.
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