Ciudad de Guatemala, 18 feb (AGN). – El presidente Bernardo Arévalo se pronunció este martes por una democracia fortalecida, con base en políticas de seguridad efectivas que favorezcan principalmente a la población.
El mandatario participó en un cónclave latinoamericano que analizó el tema de la democracia y la seguridad ciudadana, celebrado en el Palacio Nacional de la Cultura.
En la sesión del “Foro Latinoamericano de Seguridad Democrática y Gobernanza Territorial” intervinieron también expresidentes, funcionarios, académicos y expertos en temas sociales de la región.
El presidente Arévalo expuso en su intervención que la democracia necesita políticas de seguridad efectivas, pues, sobre todo necesita dar respuesta a las amenazas que enfrenta la población.
Además, el mandatario advirtió:
Tenemos claro que, frente a esa necesidad, lo peor que podemos hacer es buscar estrategias de seguridad que erosionen los fundamentos de la vida democrática, porque entonces reabrimos el camino hacia instituciones que se vuelcan contra la población en lugar de protegerla.
El presidente Bernardo Arévalo, durante su participación en el Foro Latinomericano de Seguridad Democrática y Gobernanza Territorial.
Seguridad ciudadana y respeto a los derechos
Consideró en este sentido que una política de seguridad autoritaria no construye democracia porque viola derechos.
Sin embargo, estimó que una seguridad democrática que no produce seguridad real tampoco es sostenible y termina carcomiendo a la propia democracia.
En otras palabras, el Estado democrático, que es incapaz de proteger a su propia población, termina siendo inevitablemente ilegítimo, dijo. Y puntualizó que por eso el reto no es, como ya se ha dicho, escoger entre democracia y seguridad.
En consecuencia, es imprescindible construir un sistema de seguridad democrático que tenga la eficacia necesaria para proteger a la población y hacer que las instituciones del Estado sean merecedoras, por fin, de la confianza de sus conciudadanos.
Resaltó que ese principio sería el objetivo de este cónclave y en eso reside su importancia como contribución al diseño de políticas públicas de seguridad efectivas y democráticas.
Afirmó que de los debates que se realizaron en este foro latinoamericano con sede en la Ciudad de Guatemala sin duda contribuirán a la calidad de nuestra democracia y a la calidad de nuestra seguridad.
Recuperar la confianza de la población
El presidente Arévalo recalcó también que una población que no se siente protegida por sus instituciones no puede confiar en ellas.
En tanto que unas instituciones que no merecen la confianza de la población no pueden considerarse verdaderamente democráticas.
Mencionó al respecto que en el centro del proceso de democratización de Guatemala, que comenzó en 1985 y continuó con la negociación y la firma de los acuerdos de paz (1996), se encontraba el esfuerzo por reformar el sector de seguridad.
Sin embargo, este proceso, aunque necesario, no se tradujo automáticamente en una capacidad efectiva del Estado para proteger a su población.
En cambio, lo que Guatemala logró a partir de los acuerdos de paz fue ante todo desactivar y volver ilegítimo el uso del aparato estatal para perseguir y victimizar a su propia población.
No obstante, sostuvo, no logró construir capacidades estatales para ofrecer seguridad cotidiana, investigar delitos complejos, controlar territorios y proteger a la ciudadanía frente a violencias, que en el posconflicto dejaron de ser políticas y se volvieron criminales.
Comunidades pobres, pero con índices de violencia mínimos
El Presidente aseveró que, pese a los obstáculos, en el posconflicto, el país sí pudo reducir la violencia política y lo hizo ejemplarmente, pero no pudo desmontar las redes que utilizaban las instituciones de la democracia como instrumentos de protección de intereses ilegales y corruptos.
Dijo también que se ha incurrido en la falacia de contraponer, como si fueran mutuamente excluyentes, el respeto a los derechos humanos y la capacidad del Estado de responder de manera severa y contundente ante la violencia generada por el crimen y la delincuencia.
Sostuvo que otro error ha sido creer que la violencia y la criminalidad se resolverían rápidamente a partir de la lucha contra la pobreza y la exclusión social.
Al respecto, resaltó que combatir la pobreza y la exclusión es indispensable por razones de justicia y dignidad, pero tales esfuerzos no se traducen automáticamente en una reducción de la violencia.
Al mismo tiempo, exclusión y pobreza por sí solas tampoco son generadoras necesariamente de violencia; indicó.
Citó los casos de comunidades rules del país en pobreza extrema, pero cuyos índices de violencia son significativamente menores en relación con otras regiones desarrolladas.
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