Ciudad de Guatemala, 20 jun. (AGN).- Las alianzas público-privadas (APP) son un tema recurrente en la discusión sobre el desarrollo de infraestructura y servicios públicos. A menudo, estas colaboraciones son vistas con escepticismo y se encuentran rodeadas de mitos que no siempre se corresponden con la realidad.
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— Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) June 19, 2024
Mitos
Uno de los mitos más persistentes sobre las APP es que representan una privatización encubierta de servicios e infraestructuras públicas. Esta percepción errónea puede generar resistencia entre la ciudadanía y los grupos políticos que temen la pérdida de control estatal sobre bienes estratégicos.
Existe la creencia de que las APP están diseñadas exclusivamente para favorecer al sector privado, proporcionando oportunidades de negocio a costa del interés público. Esta idea se basa en la sospecha de que las empresas privadas buscan maximizar sus beneficios sin considerar el bienestar de la comunidad.
Otra preocupación común es que las APP resultarán en un aumento de tarifas y costos para los usuarios, ya que las empresas privadas buscarán recuperar su inversión y obtener ganancias.
Algunos argumentan que las APP implican riesgos significativos para el sector público, especialmente en términos de cumplimiento y desempeño del sector privado.
#EnDirecto | El presidente @BArevalodeLeon realiza un recorrido por el Aeropuerto Internacional La Aurora. https://t.co/BrOQv7AznN
— Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) June 20, 2024
Verdades
Contrario a lo que muchos creen, una APP no implica que el Estado ceda la propiedad de la infraestructura al sector privado. Por ejemplo, en el caso de un aeropuerto, la colaboración con una empresa privada para su modernización y operación no significa que el aeropuerto deje de ser propiedad del Estado. El acuerdo permite que el Gobierno aproveche la experiencia y los recursos del sector privado para mejorar la infraestructura sin renunciar a su control.
La realidad es que las APP están diseñadas para ser beneficiosas tanto para el sector público como para el privado. El Gobierno se beneficia al acceder a recursos y conocimientos especializados que no siempre están disponibles en el sector público, mientras que el sector privado puede operar dentro de un marco regulado que garantiza que los servicios se presten de manera eficiente y con altos estándares de calidad. Esto se traduce en mejores servicios y mayor eficiencia en la gestión de proyectos.
Si bien es cierto que las empresas privadas buscan recuperar su inversión, las APP están diseñadas para incluir mecanismos de regulación y control que aseguran que los costos para los usuarios se mantengan dentro de límites razonables.
Además, los contratos de APP suelen incluir cláusulas que obligan a las empresas privadas a mantener ciertos estándares de calidad, asegurando que los usuarios reciban un servicio adecuado sin pagar precios exorbitantes.
Para mitigar estos riesgos, los contratos de APP están diseñados cuidadosamente para incluir penalizaciones por incumplimiento y mecanismos de supervisión. De esta manera, se asegura que el sector privado cumpla con sus responsabilidades y que cualquier desviación de los términos acordados se aborde de manera efectiva.
Las alianzas público-privadas representan una herramienta valiosa para la implementación de proyectos de infraestructura y servicios públicos, siempre y cuando se gestionen adecuadamente. Desmitificar las APP y entender sus verdaderos beneficios y limitaciones permite a los gobiernos y a la ciudadanía tomar decisiones informadas sobre su uso.
Es importante reconocer que estas alianzas cuando se implementan correctamente, pueden proporcionar mejoras significativas en la calidad y eficiencia de los servicios públicos.