Jalapa, 27 sep (AGN).- En la aldea El Divisadero, del departamento de Jalapa, 58 menores de edad resultaron intoxicados tras asistir a una jornada médica no autorizada organizada por una entidad privada. El incidente, ocurrido ayer, ha provocado la intervención inmediata de las autoridades locales y del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), quienes condenaron con firmeza esta falta grave que ha puesto en peligro la vida de decenas de niños.
Los menores afectados fueron trasladados a centros asistenciales para recibir atención médica urgente, mientras que las investigaciones preliminares apuntan a posibles irregularidades en el manejo de los medicamentos suministrados durante la jornada.
Autoridades departamentales
La gobernadora departamental de Jalapa, Gladis Vásquez, expresó públicamente su indignación por lo sucedido y aseguró que no permitirá que quede impune.
Estamos profundamente consternados por esta situación. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para que los responsables enfrenten la justicia, afirmó Vásquez en declaraciones a medios locales.
La funcionaria también confirmó que ya se ha iniciado una investigación exhaustiva en colaboración con la Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud (DDRISS), quienes tendrán a su cargo la evaluación de los hechos y el cierre de cualquier entidad involucrada que opere fuera de la ley.
Seguimiento
En tanto, las autoridades de Salud del departamento han informado que los menores intoxicados presentan síntomas como vómitos, mareos y desmayos. Afortunadamente, no se reportan fallecidos hasta el momento, pero algunos de los afectados continúan en estado delicado bajo observación médica.
El equipo de emergencias del MSPAS ha movilizado recursos adicionales hacia El Divisadero para atender a las víctimas y prevenir una mayor escalada de la crisis. Según fuentes oficiales, se están analizando las sustancias administradas a los menores para determinar el origen exacto de la intoxicación.
Este incidente ha encendido el debate sobre la proliferación de jornadas médicas organizadas por entidades privadas sin las debidas autorizaciones. Diversos sectores de la sociedad han expresado su preocupación por la falta de control y regulación, especialmente en áreas rurales, donde estas actividades son comunes debido a la limitada cobertura de Salud Pública. La DDRISS, que tiene la responsabilidad de inspeccionar y regular los servicios médicos en el departamento, se encuentra bajo presión para fortalecer los mecanismos de supervisión y evitar que se repitan situaciones como esta.
A medida que avanza la investigación, la comunidad de El Divisadero y otras aldeas vecinas permanecen en alerta, demandando respuestas claras y acciones contundentes por parte de las autoridades. El caso ha generado una fuerte indignación entre los padres de familia de los menores afectados, quienes exigen justicia y la implementación de controles más estrictos sobre las actividades médicas en la región. Las autoridades han prometido mantener a la población informada sobre el desarrollo de las pesquisas y las medidas que se adoptarán para castigar a los responsables y garantizar la seguridad de la población infantil.
Por Abner Salguero
Lea también:
Comisión Nacional contra la Corrupción supera las 160 denuncias presentadas
Jm/dm