Ciudad de Guatemala, 19 ene (AGN).– En la primera sesión ordinaria adicional de la X Legislatura del Congreso de la República, los diputados aprobaron el Decreto 1-2026, mediante el cual se establece estado de sitio en todo el territorio nacional. La medida recibió 149 votos a favor, luego de que el pleno discutiera varias enmiendas al texto original, incluyendo la restricción de visitas a los privados de libertad.
La declaratoria fue impulsada por el gobierno del presidente Bernardo Arévalo, como respuesta a las agresiones coordinadas de grupos autodenominados maras o pandillas contra las fuerzas de seguridad del Estado, las cuales dejaron como saldo nueve agentes de la Policía Nacional Civil fallecidos y varios heridos. Según el decreto, estos grupos han perpetrado ataques armados contra autoridades civiles, debido a la negativa de las autoridades de ceder ante las exigencias fuera del marco legal relacionadas con personas privadas de libertad.
El documento señala que estos hechos ponen en riesgo la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz, el desarrollo integral y patrimonial de los habitantes, además del orden público, razón por la cual se considera necesaria la aplicación de esta medida excepcional.
Plazo de vigencia
El decreto establece que el estado de sitio tendrá una duración de 30 días. Durante este período, las autoridades podrán implementar medidas extraordinarias con el objetivo de restablecer el orden y garantizar la seguridad ciudadana.
Las acciones podrán ejecutarse durante la vigencia del estado de sitio, únicamente en casos estrictamente necesarios. Entre ellas se incluye limitar o impedir reuniones al aire libre, manifestaciones públicas u otros espectáculos, incluso si son de carácter privado.
Asimismo, se autoriza disolver por la fuerza reuniones o manifestaciones que se realicen sin autorización o que, aun contando con permiso, se desarrollen portando armas u otros elementos de violencia. También se contempla la disolución inmediata de cualquier grupo en el que se haga uso de armas o se recurra a actos violentos.
Además, el decreto permite la detención o confinamiento sin orden judicial de personas sospechosas de alterar el orden público o de ejecutar acciones relacionadas con los hechos que motivaron la declaratoria.
Con esta decisión, el Congreso respalda la estrategia del Ejecutivo para enfrentar la crisis de seguridad, mientras diversos sectores permanecen atentos al impacto que estas disposiciones tendrán en la vida cotidiana de la población durante los próximos 30 días.
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