Ciudad de Guatemala, 21 jul (AGN).- Ante el incumplimiento por parte del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Guatemala (STEG) de reanudar clases a nivel nacional, el Juzgado Primero Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, constituido en tribunal de amparo, ordenó certificar lo conducente e imponer multas de 4 mil quetzales a los dirigentes seccionales y subseccionales de la agrupación.
La Procuraduría General de la Nación (PGN) recibió una nueva notificación a su favor, como parte de una serie de amparos solicitados para restablecer las clases en los centros educativos públicos afectados por las asambleas del STEG. Esto, exigiendo la prevalencia del derecho a la educación de los estudiantes, sin perjuicio del derecho a la manifestación. Es decir que los maestros puedan seguir manifestando, pero que no abandonen las aulas en su horario laboral, para atender a la niñez y adolescencia guatemalteca, que necesita su formación académica.
Todos los sancionados deberán hacer el pago ante la Tesorería de la Corte de Constitucionalidad, una vez quede en firme la resolución.
#NacionalesTGW | 📢 Comunicado Oficial |
➡️La @PGNguatemala informa que este 21 de julio de 2025 fue notificada de una nueva resolución del juzgado primero de trabajo del depto. de Guatemala, que impone una multa de Q4,000.00 a cada integrante del STEG.+ pic.twitter.com/pm1Nb7V8wd
— 📻 Radio TGW (@Radio_TGW) July 21, 2025
Juzgado señala incumplimiento del STEG
Según la acción constitucional de amparo de esta ocasión, el Comité Ejecutivo Nacional del STEG no presentó la documentación solicitada por el órgano judicial, que demandaba el restablecimiento de las actividades educativas y la presentación de pruebas de su cumplimiento.
Hasta el momento, el STEG ha promovido distintas medidas de presión por el pacto colectivo, el cual ha denunciado el Ministerio de Educación por la confidencialidad que ha impedido revelar su contenido y atender solicitudes de información pública, y los artículos, que según la institución, pertenecen a la rectoría que le pertenece como autoridad.
Parte de las medidas trata del campamento instalado en la Plaza de la Constitución, cuyas champas retiraron agentes de la Policía Nacional Civil de los alrededores del Palacio Nacional de la Cultura por denuncias de daños al patrimonio.
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dc/dm