Ciudad de Guatemala, 18 mar. (AGN).- En una entrevista con Canal Antigua, el secretario de Bienestar Social, Marvin Rabanales, destacó la importancia de abordar los desafíos que enfrentan niños y adolescentes en Guatemala. En su intervención, hizo un llamado a la responsabilidad de los adultos de proteger los derechos humanos de los menores de edad.
El funcionario señaló que el primer círculo de garantía de protección recae en los padres. Sin embargo, en ocasiones este sistema falla y es deber del Estado intervenir.
Rabanales se refirió a situaciones en las que muchos menores de edad quedan bajo tutela estatal debido a la violencia y la explotación, lamentando que algunos sean víctimas de redes criminales.
El funcionario enfatizó la responsabilidad de todos de garantizar derechos fundamentales como la vida, la salud, la educación y la integridad de los niños y adolescentes. Subrayó que el Estado, a través de instituciones como la Secretaría de Bienestar Social, debe asegurar la restitución de estos derechos cuando han sido vulnerados.
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Respaldo interinstitucional
Además, enfatizó la importancia de la coordinación entre entidades como la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la Nación para abordar estos temas de manera integral.
Rabanales resaltó el papel del procurador de los Derechos Humanos como un defensor de la conciencia social, así como la labor de la Procuraduría de la Niñez en representar legalmente a las víctimas sin representantes. En este contexto, la Secretaría de Bienestar Social juega un papel fundamental al proveer servicios y garantizar el ejercicio de derechos de los más vulnerables.
Prioridad: reintegrar a los menores de edad en sus hogares
El objetivo primordial es que los menores de edad puedan regresar a sus hogares o ser acogidos por familiares responsables. Se trabaja en mejorar las condiciones de vida diaria de los niños y adolescentes. En este sentido, se trabaja con alimentación, vivienda y servicios básicos.
Asimismo, se busca evitar la institucionalización de las víctimas, priorizando medidas como la atención médica, psicológica y la formación educativa.
Sin embargo, se reconoce que actualmente la falta de alternativas lleva a la saturación de hogares y centros correccionales. Por ello, se trabaja en fortalecer programas y políticas que permitan que la institucionalización sea la última medida.
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