Ciudad de Guatemala, 29 ene (AGN).– El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, ofreció una entrevista a la Agencia Guatemalteca de Noticias en la que abordó los avances en temas de seguridad como el estado de sitio, la situación del sistema penitenciario, la lucha contra las pandillas y los proyectos de nuevas cárceles,
Con 10 días de estado de sitio, ¿cuáles son los logros más importantes que considera que se han alcanzado?
Se han alcanzado logros concretos en razón de esta colaboración que existe entre las fuerzas de seguridad civil y el Ejército de Guatemala, que ha apoyado todas estas actividades y operativos que ha realizado la Policía (Nacional Civil) con el objeto de ubicar y capturar a todas estas personas que forman parte de estos grupos criminales y que es nuestro propósito capturarlas para hacer una desarticulación real de estos grupos terroristas y evitar que sigan causando zozobra y dolor a la familia guatemalteca.
Luego de más de 10 días de tener el estado de sitio vigente, hemos alcanzado resultados concretos. Se ha capturado a mil 115 personas, se han incautado 109 armas de fuego, 799 motocicletas y 236 vehículos que se han recuperado*. Además, se han golpeado las estructuras criminales a través de cortarles el mando que tenían en las cárceles y también cortando las comunicaciones que desde las cárceles estas personas tenían hacia el exterior.
Históricamente hemos visto políticas de mano dura en la región que no han funcionado. Vemos que en El Salvador lograron disminuir los homicidios pero llevan más de un año con varios de sus derechos fundamentales suspendidos, ¿cuál es su enfoque para lograr resultados en la realidad de guatemalteca, que además se puedan sostener en el tiempo?
Guatemala no apuesta a modelos que suspenden derechos. Siempre nuestra acción debe estar inmersa en el marco del Estado de derecho, en lo que establecen las leyes. Nuestra estrategia es a largo plazo, es una estrategia que consideramos puede ser sostenible a futuro. Una política de mano dura que tienda a restringir derechos ciudadanos podría resolver el problema a corto plazo, pero a largo plazo me parece que es insostenible.
Nosotros tenemos que actuar siempre dentro del marco del Estado de derecho, restringiendo lo menos posible las garantías constitucionales y la libertad de los ciudadanos. Le apostamos a una seguridad generada dentro de un Estado democrático. Es un reto, es talvez el camino más largo, pero creo que es el más sostenible.
Con el sistema penitenciario, que ha sido una gran piedra en su zapato, ¿lo encontró como se imaginaba?
No, estaba mucho peor. Estamos ante un sistema penitenciario que ha sido históricamente la cenicienta del Estado, es a la que menos recursos se le asignan. Tenemos cárceles sobrepobladas, sobre las cuales no se ejerce control, y cárceles no solo estructuralmente dañadas, sino también hacinadas, porque existe una sobrepoblación del 340 %.
Solo para darle una idea de cómo está la situación: tenemos 25 centros penales con capacidad para albergar 6 mil privados de libertad. Actualmente tenemos 23 mil 700 privados de libertad. Eso no permite control dentro de los centros penitenciarios.
Contra ese número de privados de libertad tenemos una guardia penitenciaria de 4 mil elementos, mal pagados, desmotivados, sin jerarquía y propensos a involucrarse en actos de corrupción. Ese es el reto que tenemos en este momento y a lo que estamos aspirando es a hacer una transformación general del sistema penitenciario.
Esto pasa por renovar la guardia penitenciaria, construir nuevas cárceles, reacondicionar las cárceles actuales. De hecho, vamos a certificar nuestra primera cárcel a nivel internacional, posiblemente entre mayo y junio, que será la cárcel de Fraijanes I, la cual cumple con estándares internacionales de seguridad y rehabilitación. Ese es el camino para que el sistema penitenciario deje de ser un problema y se convierta en una herramienta eficaz de la justicia penal en Guatemala.
En cuanto a la custodia de los cabecillas del Barrio 18 y la MS, ¿qué medidas se están implementando para evitar que sigan operando desde prisión?
Actualmente los hemos reducido al orden. Hemos tomado el control de los centros penales, los hemos aislado y cortado sus comunicaciones hacia el exterior. Yo lo dije el día que el presidente Arévalo me presentó como ministro: ninguna estrategia hacia las calles sería posible si antes no teníamos el control de las cárceles, porque desde ahí se generan órdenes para cometer asesinatos y extorsiones.
Lo primero es tener el control de las cárceles, reducir al orden y al imperio de la ley a los cabecillas de estas organizaciones y aislarlos para que no tengan comunicación hacia afuera y no puedan seguir dirigiendo estas organizaciones criminales.
Sobre la construcción de dos nuevas cárceles en el país, ¿en qué etapa se encuentran los proyectos? ¿Cuándo podría verse concretada la primera?
Tenemos dos grandes proyectos. La primera es la cárcel de Masagua (Escuintla), un proyecto que venía del gobierno anterior y que encontramos detenido por problemas administrativos y legales. Los planos no correspondían al área del terreno donde se pretendía construir.
Estos problemas ya se resolvieron. Hemos reajustado los planos y solventado los obstáculos legales y administrativos para cerrar la etapa de preinversión. Ahora, estamos en el proceso de publicar las bases para iniciar la licitación. Desde que se otorgue el contrato de construcción, esta cárcel tardará aproximadamente entre 12 y 16 meses en ser construida.
El otro proyecto es la cárcel de Izabal. Esta será construida por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Estamos coordinando con el Ministerio de la Defensa el diseño y las condiciones de seguridad que necesitamos para que funcione como cárcel de máxima seguridad. Desde la colocación de la primera piedra (inicio oficial de la edificación), esta cárcel podría estar lista para operar aproximadamente dentro de un año.
¿Se puede lograr un cambio estructural en el sistema penitenciario y qué apoyo necesitan las autoridades?
Claro que se puede hacer este cambio y tenemos la convicción de que lo vamos a lograr. Necesitamos construir nuevas cárceles, reacondicionar las que ya tenemos para que cumplan procesos de rehabilitación y seguridad, y renovar la guardia penitenciaria. Este año haremos una convocatoria para formar 600 nuevos guardias penitenciarios que se encargarán de la custodia y administración de las nuevas cárceles.
También necesitamos reformas legislativas. Hay muchas personas que siguen en prisión pese a haber cumplido su condena, especialmente en casos de lavado de dinero, donde la multa se convierte en más años de cárcel. En esa condición tenemos aproximadamente 6 mil personas.
Además, hay privados de libertad que ya cumplieron su pena, pero no han salido por trámites administrativos en juzgados de ejecución. Proponemos una reforma para que puedan salir con control telemático mientras se completa ese trámite.
Asimismo, impulsamos una reforma a la ley de lavado de dinero para que quienes no puedan pagar la multa puedan convertirla en trabajo social, en razón de su incapacidad económica.
Se tiene planeado contar con una nueva generación de guardias penitenciarios, ¿qué espera de esta guardia?
Espero que a partir de esta nueva generación se produzca realmente la reforma al sistema penitenciario que pretendemos. La reforma no solo pasa por modificar la infraestructura, sino también por renovar el personal humano, que es la parte más importante de cualquier proceso de reforma institucional.
La guardia penitenciaria es fundamental, porque a partir de ellos se puede tener plenamente el control de las cárceles, evitar la corrupción y evitar que objetos ilícitos entren a los centros penales. El corazón del sistema penitenciario es la guardia penitenciaria, es la que está en el campo, dentro de los centros penales, llevando a cabo la administración y la implementación de la política de este gobierno respecto al sistema penitenciario.
Estados Unidos ha sido un aliado fuerte en materia de seguridad, ¿cuál es la clave de esta relación y qué esperan alcanzar con ese apoyo?
La relación con Estados Unidos se basa en dos aspectos: confianza y resultados. Hemos cultivado una relación basada en los resultados que hemos obtenido en el campo.
Hemos hecho históricas incautaciones de drogas. Solo en un día se incautaron aproximadamente tres toneladas de cocaína, casi alcanzando el total de lo incautado el año anterior**. También se erradicó casi un millón de plantas de hoja de coca en Izabal. Se capturó al primer extraditable del año y el FBI colabora con nosotros en la ubicación y recaptura de prófugos.
Esta colaboración estrecha se basa en intercambio de información, análisis conjunto y, sobre todo, en que Estados Unidos ha entendido que somos una administración seria y transparente, sin vínculos con el crimen organizado. Eso ha permitido que nos otorguen plena confianza para trabajar juntos.
Durante un recorrido con autoridades, ejército y policía, se observó que la población agradece el apoyo. Más allá de los números, ¿cómo perciben ustedes la reacción de la ciudadanía?
La respuesta de la población me ha sorprendido. Ha sido un apoyo mayoritario a estas acciones. La población entiende que estamos en un esfuerzo por generar mejores condiciones de seguridad.
Saben que estamos ante una lucha abierta contra pandillas que por mucho tiempo causaron dolor y que nadie se había atrevido a enfrentar por el miedo al costo político. Nosotros no estamos pensando en costos políticos, sino en qué es lo mejor para el país y para nuestros hijos.
Es una batalla que no podía postergarse más. Tenemos que enfrentarla con altas posibilidades de éxito o vamos a perder el país. Necesitamos recuperar el territorio y garantizar la vida y seguridad de las personas honradas que cada mañana salen a trabajar.
Eso es parte de una seguridad democrática: quitar a los delincuentes el dominio del territorio y regresárselo a los ciudadanos honrados. No estamos dispuestos a negociar ni a seguir tolerando beneficios a cambio de una paz aparente. El Estado tiene que imponer su autoridad y castigar a quienes provocan zozobra, siempre con respeto al debido proceso y a los derechos humanos. Un gobierno democrático no tiene por qué ser un gobierno débil.
Con cifras sobre la mesa, proyectos en marcha y una estrategia que apuesta por la seguridad dentro del Estado de derecho, el Ministerio de Gobernación traza una ruta para recuperar el control del territorio y transformar el sistema penitenciario. Mientras el estado de sitio continúa y las operaciones de seguridad se mantienen activas, el Gobierno sostiene que la batalla contra las estructuras criminales no solo se libra en las calles, sino también dentro de las cárceles, donde, según el ministro, comienza la verdadera recuperación de la seguridad nacional.
*Cifras hasta el 26 de enero de 2026.
** Entre el momento de la entrevista y la publicación de la misma, la cantidad de droga incautada en el operativo ascendió a 4.9 toneladas de cocaína.
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