Ciudad de Guatemala, 3 feb (AGN).- Esta mañana, el presidente de la República, Bernardo Arévalo, acompañado por el ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, anunció la ampliación de la tarifa social de electricidad para este año.
La medida, impulsada por el Instituto Nacional de Electrificación (INDE), tiene como objetivo aliviar la carga económica de más de 11 millones de guatemaltecos, especialmente aquellos con menores recursos.
El Consejo Directivo del INDE aprobó un monto de 986 millones de quetzales, recursos que forman parte de los fondos de la institución, los cuales se destinarán a subsidiar el consumo eléctrico de las familias que consuman hasta 100 kilovatios hora (kWh) al mes.
El presidente Arévalo destacó que esta medida es una muestra del compromiso de su gobierno con las familias guatemaltecas, especialmente aquellas que enfrentan mayores dificultades económicas.
Este aporte es una respuesta para garantizar que las familias más vulnerables tengan acceso a un servicio básico como la electricidad.
El presidente @BArevalodeLeon informó que este año se continuará con el apoyo de la Tarifa social por un monto de 986 millones de quetzales qué beneficiará a 11 millones de guatemaltecos @AGN_noticias @INDEGUATEMALA @MEMguatemala pic.twitter.com/EbcLox9hS4
— Brenda Lari (@Brenda_AGN) February 3, 2025
Un compromiso cumplido
Durante los primeros meses de su gestión, el presidente Arévalo aprobó la ampliación de la tarifa social, la cual comenzó a reflejarse en los recibos de consumo a partir de junio del año pasado. Esta política ha sido fundamental para mitigar el impacto del aumento en los costos de la energía.
Con esta nueva asignación de 986 millones de quetzales, el Gobierno espera beneficiar a más de 11 millones de personas en todo el territorio nacional. La medida está diseñada para llegar a los hogares que más lo necesitan, priorizando a aquellos con un consumo mensual de hasta 100 kWh, que representan un porcentaje significativo de la población.
Esta decisión del Gobierno de Guatemala refleja un esfuerzo por proteger a las familias frente a los desafíos económicos globales, reafirmando su compromiso con el bienestar y la justicia social.
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