Ciudad de Guatemala, 24 jun (AGN).- El Congreso de la República publicó este viernes en el Diario de Centro América el decreto 35-2022, por medio del cual ratifica el decreto 22-2022 que emitió el presidente en consejo de ministros el pasado 21 de julio.
El artículo 1 de ese decreto declara estado de calamidad pública en ocho departamentos por un periodo 30 días.
Sin embargo, el Congreso reforma ese artículo y establece que el estado de calamidad pública regirá por el periodo establecido en todo el territorio nacional.
Ya estamos trabajando para salvaguardar la vida de la población guatemalteca. La ratificación del Estado de Calamidad Pública permitirá atender con mayor celeridad los daños ocasionados en esta época lluviosa. #AccionesQueTransforman pic.twitter.com/TAFfmYp1mK
— Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) June 23, 2022
Restricción de derechos
Además, el Congreso también reforma el artículo 4, sobre la limitación de derechos constitucionales.
El Gobierno estableció que se restringen los derechos constitucionales que establecen los decretos 3, 26 y 33, segundo párrafo del artículo 38 y segundo párrafo del artículo 116 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
No obstante, en la reforma del Congreso queda de la siguiente manera:
Se restringen los derechos constitucionales reconocidos en los artículos 5º. 26 y segundo párrafo segundo del artículo 116 de la Constitución, por el plazo establecido.
Por último, el Congreso señala que este decreto no necesita sanción por parte del Ejecutivo. Por ello señala que entra en vigencia de manera inmediata.
Asimismo, ordena remitirlo al Organismo Ejecutivo para su promulgación y publicación.
El Ejecutivo justificó la declaratoria del estado de calamidad debido a debido a que los graves daños que han causado los diferentes fenómenos meteorológicos al país han obligado al Estado a adoptar las medidas oportunas y necesarias para mitigar los efectos de estos.
Además, señala que esos efectos se reflejan en pérdidas y daños materiales. Por esa razón, es necesario adoptar los mecanismos que permitan garantizar la vida, la seguridad, integridad y dignidad de la población.
El estado de calamidad pública entró en vigor el pasado 22 de junio, cuando se publicó en el diario oficial.
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