Ciudad de Guatemala, 3 feb. (AGN).- La Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo (Codisra) se pronunció en contra de la exclusión de los profesionales de ciencias afines agremiados al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) en la votación para elegir a un magistrado titular y un magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad.
En el marco de estos comicios en los que el CANG elegirá a sus representantes ante la máxima Corte, Codisra expresó su preocupación por el amparo provisional resuelto por la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que resolvió restringir del voto a los profesionales de sociología, ciencias políticas, relaciones internacionales y criminología, y que únicamente los abogados tengan derecho al sufragio.
De esa cuenta, Codisra afirmó que ha recibido comunicaciones de colegiados y colegiadas indígenas, tanto de la ciudad como de los departamentos, quienes resultaron afectados por esta restricción. Principalmente, por el derecho humano de elegir, al tomar como base en la resolución judicial una interpretación restrictiva y errónea de la ley, al concluir que la asamblea es exclusiva de los abogados.
Por lo tanto, advirtió que la decisión de los magistrados de dicha sala puede conllevar actos discriminatorios, conforme a lo establecido en el artículo 202 bis del Código Penal, al limitar derechos políticos y de participación por razones profesionales que impactan de manera diferenciada a pueblos históricamente excluidos.
A horas de la votación
En este sentido, la comisión urgió a la Corte de Constitucionalidad conocer el caso para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos y evitando que se consolide un acto de discriminación en el proceso de conformación del máximo tribunal constitucional del país.
Hasta el momento, los agremiados del CANG están llamados a acudir a votar este miércoles 4 de febrero para definir a quién ocupará una de las cinco sillas de la Corte de Constitucionalidad, así como su suplente.
La Corte de Constitucionalidad es la máxima entidad de control en el esquema estatal guatemalteco, siendo independiente de los tres poderes del Estado para mantener el orden constitucional. Esto resalta la relevancia de este proceso de renovación de magistrados, quienes asumen el cargo por cinco años.
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