Ciudad de Guatemala, 27 jun. (AGN).- La Contraloría General de Cuentas (CGC) dio marcha atrás a la polémica resolución A-068-2024, que declaraba como reservada diversa información sobre los procesos de fiscalización a su cargo.
Este día, la CGC informó que deja sin efecto la resolución que provocó una serie de críticas de distintos sectores de sociedad civil, periodistas y del presidente Bernardo Arévalo, así como el comisionado nacional contra la Corrupción, Santiago Palomo.
El documento, publicado este miércoles, declaraba bajo reserva el contenido de nombramientos, comunicación electrónica, providencias, procedimientos de fiscalización, informes jurídicos, dictámenes técnicos y legales, entre otros, durante siete años. La medida generó alarma, ya que son documentos que se utilizan para la fiscalización ciudadana, periodística y por parte de más sectores.
En su pronunciamiento, la CGC asegura que esta nueva decisión de revocar la medida se tomó en el marco de la transparencia y rendición de cuentas.
Rechazo a la resolución desde el Ejecutivo
La medida hizo eco rápidamente, ya que se traducía en limitaciones en el acceso a la información. El presidente Arévalo se unió a estos llamados en contra del actuar de la CGC.
En su cuenta de X, el mandatario condenó este miércoles la acción, basándose en la voz popular depositada en las urnas en 2023:
Reservar información, que debería ser de acceso público, no es el camino que Guatemala escogió. Es mala señal la decisión de la Contraloría General de Cuentas. Por más transparencia y menor opacidad en la función pública, insto a que esta medida sea revisada y derogada.
Reservar información, que debería ser de acceso público, no es el camino que Guatemala escogió. Es mala señal la decisión de la Contraloría General de Cuentas.
Por más transparencia y menor opacidad en la función pública, insto a que esta medida sea revisada y derogada.
— Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) June 26, 2024
El comisionado Palomo se sumó al rechazo social en contra de la resolución, quien refirió que la resolución de la Contraloría General de Cuentas para declarar como reservada información administrativa es alarmante.
No debemos permitir más acciones que tiendan hacia la opacidad.
Además, aseveró que acciones como lo hecho por la CGC este miércoles solo debilita la institucionalidad y que vulnera el uso de solicitudes de información pública como herramienta ciudadana para la fiscalización.
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