Ciudad de Guatemala, 28 jul (AGN).– En una acción estratégica realizada la noche del domingo 27 de julio, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) desplegaron un nuevo operativo de requisa en las instalaciones de la Granja Modelo de Rehabilitación Canadá, ubicada en el departamento de Escuintla. Esta diligencia se suma a los esfuerzos por combatir el ingreso de artículos ilícitos a las cárceles del país y fortalecer la seguridad penitenciaria.
Durante el registro minucioso, los agentes lograron decomisar 29 teléfonos celulares, así como chips, memorias digitales, armas blancas y libretas con información sensible. Entre los hallazgos se identificaron números de cuentas bancarias y listados de contactos telefónicos que ahora serán analizados por las unidades de inteligencia para determinar si están vinculados a actos criminales fuera del penal.
Los resultados de esta acción evidencian que, pese a los controles existentes, aún persisten mecanismos para introducir objetos prohibidos a los centros carcelarios. Las autoridades señalaron que el hallazgo de estos dispositivos podría estar relacionado con estructuras dedicadas a la extorsión desde prisión, una práctica que ha sido detectada en diferentes puntos del país.
En la requisa realizada en la Granja Modelo de Rehabilitación “Canadá”, Escuintla, fueron localizados 29 celulares, tarjetas SIM, memorias, armas blancas, libretas con números telefónicos y números de cuentas bancarias.#PNCenAcción pic.twitter.com/w8rCBbnErN
— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) July 28, 2025
Coordinación interinstitucional en el operativo
La operación fue ejecutada por personal de distintas divisiones de la PNC, incluyendo elementos de las comisarías de Escuintla y Santa Rosa, así como unidades especializadas como la División de Fuerzas Especiales de Policía (Difep), la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) y la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC).
El trabajo conjunto de estas fuerzas permitió abarcar diferentes sectores del penal y garantizar una intervención simultánea, que evitó cualquier intento de ocultamiento o destrucción de evidencia. Esta coordinación entre unidades también busca enviar un mensaje claro a las estructuras delictivas que operan desde las cárceles: el Estado no tolerará que los centros de detención sigan siendo puntos de operación para delitos como extorsión, amenazas o tráfico de información.
Tras los resultados obtenidos, las autoridades han reiterado su compromiso con el reforzamiento de los controles en los recintos carcelarios, así mismo darán continuidad a estos operativos de forma sorpresiva y periódica, con el objetivo de debilitar las redes criminales que se gestan desde el interior de las prisiones.
Este tipo de acciones también buscan garantizar condiciones reales de rehabilitación para los privados de libertad, tal como lo establece la ley, evitando que continúen participando en actividades ilícitas durante su cumplimiento de condena.
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