Ciudad de Guatemala, 7 feb (AGN).- Uno de los grandes compromisos del presidente Bernardo Arévalo es la atención de los problemas estructurales del país. Esto incluye el abordaje del agrario en toda su dimensión.
Como parte de su gestión, en los primeros 100 días de gobierno el mandatario se comprometió con las organizaciones campesinas, en el plano de la reivindicación de sus derechos y el acceso a la tierra.
Lo anterior se enmarca en un problema desatendido por muchos años y que apunta al desarrollo rural.
En tal sentido, la actual administración tiene claro que el desarrollo campesino y el progreso general son temas interconectados.
Así, este compromiso es el reconocimiento de la relevancia histórica que sigue teniendo para Guatemala el Acuerdo de Paz sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria.
#PorSiNoLoViste
🔵 El presidente @BArevalodeLeon participó en la Reunión de Gobernadores del BID.
🔵 La primera dama @lucreciapeinado visitó el Centro de Atención Integral Colón de la @SBS_Guate.
🔵 El presidente y la vicepresidenta @KarinHerreraVP Inauguraron la Sala de Prensa… pic.twitter.com/PChtqds7eM— Canal De Gobierno (@CanalDeGob) February 7, 2024
Aspecto legal
Particularmente, dicha preocupación se sustenta en lo expresado en el numeral 27 del acuerdo, sobre Situación Agraria y Desarrollo Rural.
También se contempla la vigencia de la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral (PNDRI) aprobada por el Acuerdo Gubernativo 196/2009.
El presidente Arévalo está consciente de que la resolución de la problemática agraria y el desarrollo rural son fundamentales e ineludibles.
Esto, para dar respuesta a la situación de la mayoría de la población que vive en áreas rurales, y que es la más afectada por la pobreza, la pobreza extrema y la debilidad institucional del Estado.
La tenencia de la tierra
La transformación de la estructura de la tenencia y el uso de la tierra debe tener como objetivo la incorporación de la población rural al desarrollo económico, social y político.
Lo anterior para que la tierra constituya para quienes la trabajan la base de su estabilidad económica, fundamento de su progresivo bienestar social y garantía de su libertad y dignidad.
Bajo estas premisas, se reconoce la necesidad del reconocimiento de varios aspectos contemplados desde el desarrollo urbano y rural, entre estos:
- Atención de la conflictividad agraria
- Acceso a la tierra
- Economía campesina, desde la actividad familiar agropecuaria hasta lo no agropecuario
- Políticas sectoriales de desarrollo rural, sobre todo, en territorios de alta prioridad
- Apertura de espacio de comunicación entre el gobierno y las organizaciones campesinas
Dichos aspectos, incluidos en el marco legal guatemalteco y la economía contemporánea, tienen como objetivo la atención inmediata de los problemas agrarios del país.
Con el fin de optimizar las labores a favor del desarrollo forestal, la Junta Directiva del #INAB, juramentó a sus nuevos integrantes. Elmer Leonel Salazar Mejía, viceministro Encargado de Asuntos de Petén del #MAGA, como representante suplente de la cartera de Agricultura. pic.twitter.com/7ohFZktq5s
— MAGA Guatemala (@MagaGuatemala) February 6, 2024
Acuerdos mutuos
Para darles cumplimiento a los aspectos mencionados anteriormente, tanto el Gobierno como las organizaciones campesinas se comprometen a partir de hoy con el seguimiento legal mediante la instalación del consejo campesino. Entre las instancias involucradas está el Comité de Unidad Campesina y Nuevo Día.
De parte del Gobierno, el enlace será la Secretaría Privada de la Presidencia. El objetivo es el seguimiento puntual de los acuerdos y avances. Asimismo, la incorporación de otras instancias campesinas que se considere necesarias.
Firma histórica
Con la suscripción, este 7 de febrero, de acuerdos específicos en atención de conflictividad agraria, desarrollo campesino, acceso a la tierra y productividad rural, el presidente Arévalo abre una nueva ventana al desarrollo nacional.
Una consecuencia positiva de la incorporación campesina y agraria será el inicio de un proceso de abordaje de los problemas estructurales del país, desatendidos por muchos años.
También fortalece la convicción democrática de que el diálogo es el camino para encontrar soluciones sostenibles a los problemas nacionales.
Este momento histórico de atención a problemas estructurales del agro se enmarca en la políticas de las diez semillas del actual gobierno, inclusión, desarrollo social, infraestructura económica y transparencia.
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