Ciudad de Guatemala, 30 ago (AGN).- En un operativo coordinado, equipos de la Subdirección General de Investigación Criminal (SGIC) y la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) han llevado a cabo más de 20 allanamientos por extorsión en distintas partes del país.
Estas acciones se centraron en municipios como Villa Nueva, Fraijanes, San Miguel Petapa, Santa Catarina Pinula, Chimaltenango, Sacatepéquez y Santa Rosa, todos lugares estratégicos donde las autoridades han identificado un alto índice de actividades relacionadas con las extorsiones.
Hasta el momento, las autoridades han reportado la captura de nueve personas vinculadas a estas redes criminales. Los detenidos, según las investigaciones preliminares, están implicados en casos de extorsión que afectan tanto a pequeños comerciantes como a grandes empresarios y ciudadanos comunes. La intervención de las fuerzas de seguridad ha sido contundente, con una planificación meticulosa para garantizar el éxito de los operativos.
Asimismo, Kimberly N, de 28 años, requerida por un juzgado de Guatemala, fue detenida en allanamiento que investigadores de Dipanda realizaron en coordinación con el MP en la colonia El Amparo II, zona 7, acusada de extorsión. Por este mismo delito, el año pasado también fue detenida.
Las capturas ejecutadas hasta ahora podrían aumentar, ya que los operativos continúan en marcha.
Ampliación
Suman nueve los extorsionistas capturados en los allanamientos que investigadores de #DIPANDA y el MP realizan a nivel nacional.
Estas diligencias aún se encuentran en desarrollo y más extorsionistas pueden ser capturados. pic.twitter.com/W06rbelImy
— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) August 30, 2024
Un gobierno determinado en la lucha contra las extorsiones
El combate a las extorsiones ha sido una de las prioridades más urgentes del gobierno actual, que ha destacado la importancia de devolver la paz y la seguridad a quienes trabajan honradamente.
Estas actividades delictivas han sembrado miedo y desestabilidad en diversas comunidades, obligando a muchos ciudadanos a vivir bajo la sombra de amenazas constantes.
En respuesta a este fenómeno, las autoridades han incrementado significativamente las acciones de seguridad, no solo a través de allanamientos, sino también mediante requisas y patrullajes motorizados en las áreas más afectadas.
La combinación de estas tácticas ha permitido una mayor presencia policial en puntos críticos, lo que ha llevado a una reducción en la incidencia de estos delitos en algunas zonas del país.
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