Ciudad de Guatemala, 16 nov. (AGN).– Como parte de la labor de la División de Investigación, Desactivación de Armas y Explosivos (DIDAE), de la Policía Nacional Civil (PNC), destacan las detenciones de 27 individuos a nivel nacional, entre enero y la fecha actual, por el delito de tráfico ilegal de armas de fuego.
Las acciones de investigación y seguimiento desarrolladas por la DIDAE incluyen la interrupción del intento de venta ilícita de 30 armas de fuego y 127 municiones. La intervención de las autoridades ha hecho frente a este comercio ilícito, contribuyendo significativamente a la seguridad pública.
En lo que va del 2023, la #DIDAE de la @PNCdeGuatemala ha aprehendido a 27 personas vinculadas al tráfico de armas. 🚨🚓https://t.co/QqJ4yqUOAE
— MinGob (@mingobguate) November 16, 2023
Vehículos consignados
Como parte de las medidas tomadas por la PNC, se han consignado seis vehículos vinculados a redes de trasiego de armas de fuego. Además, esta acción busca cortar las vías de movilidad y logística de las organizaciones delictivas, debilitando sus capacidades operativas.
Trabajo coordinado
La colaboración interinstitucional y el trabajo coordinado de la DIDAE han sido fundamentales para el éxito de esta operación. La detención de estas personas, la incautación de armamento y la consignación de vehículos representan un golpe significativo contra las actividades delictivas que amenazan la seguridad ciudadana.
Además, este logro demuestra el compromiso continuo de la PNC en la lucha contra el crimen organizado y el tráfico ilícito de armas. La fuerzas de seguridad están activamente trabajando para salvaguardar la paz y la tranquilidad en el país.
Consecuencias legales
Según el Código Penal de Guatemala, en el artículo 400 se advierte que, la tenencia y portación de armas de fuego o de guerra, o de municiones o accesorios para las mismas, cuyo uso exclusivo corresponda al Ejército de la República, se sancionará con prisión de seis meses a tres años y multa de cincuenta a un mil quetzales.
Además, en el artículo 404 se describen las consecuencias de la portación ilegal de armas de fuego que no sean de uso exclusivo del Ejército. La sanción por portar armas de fuego sin los permisos correspondientes, como la licencia de portación de la Dirección General de Control de Armas y Municiones, es de 50 a 300 quetzales y el decomiso del arma.
Sin embargo, existen diversas sanciones por delitos que pueden cometerse con el trasiego de armas de fuego como asociación ilícita.
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