Nueva York, 21 abr (EFE).- Los repartidores de comida de Nueva York, que hacen entregas de pedidos a través de aplicaciones, lograron otra victoria a sus reivindicaciones, ya que a partir de mañana tendrán derecho a recibir más información sobre las entregas antes de aceptarlas y podrán decidir qué tan lejos quieren ir y qué puentes o túneles no están dispuestos a atravesar.
Los deliveristas como se autodenominan estos trabajadores, casi todos inmigrantes, tendrán derecho a decidir qué rutas de entrega usarán, a cobrar al menos una vez a la semana y a recibir gratis una bolsa térmica para alimentos después de seis entregas, informaron en comunicado el alcalde Eric Adams y el Departamento de Asuntos del Consumidor.
Estas leyes de protección de los trabajadores son la segunda parte de un conjunto de nuevas leyes aprobadas el año pasado que regulan las aplicaciones de entrega de alimentos.
Se calcula que hay más de 65 mil trabajadores en el sector de entrega de comidas, siendo los más numerosos los latinos.
El alcalde Adams destacó que estos trabajadores se enfrentan a condiciones difíciles durante todo el año, a menudo por un salario exiguo, simplemente para hacer su trabajo. Estas protecciones ganadas con tanto esfuerzo son de vital importancia para avanzar en el trabajo.
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Sobre el proyecto
En el 2020 los repartidores de comida se organizaron en un sindicado llamado Los Deliveristas Unidos con el apoyo del Proyecto de Justicia del Trabajador y denunciaron condiciones precarias de trabajo que empeoraron por la pandemia, durante la cual su trabajo se hizo indispensable para miles de neoyorquinos recluidos en sus hogares por el COVID-19.
Tras una intensa lucha y una multitudinaria marcha para exigir mejores condiciones laborales y poner fin a la violencia que ha costado la vida de algunos deliveristas y robos de sus bicicletas a otros, el Concejo de la ciudad aprobó varias leyes que garantizan su protección y regulan la millonaria industria de las aplicaciones de comida.
La primera parte de esas leyes fueron puestas en marcha el pasado enero. A partir del 1 de enero de 2023, también se requerirá que las aplicaciones paguen a los trabajadores la nueva tasa de salario mínimo que establecerá la ciudad.
El Departamento de Asuntos del Consumidor está realizando un estudio sobre las condiciones de trabajo para determinar la nueva tarifa mínima. Como parte de este esfuerzo, habrá una audiencia pública en junio para escuchar testimonios de los repartidores y otras partes interesadas, agrega el comunicado del Ayuntamiento.
Indica además que para educar a estos trabajadores sobre sus nuevos derechos, la agencia ha estado trabajando en estrecha colaboración con organizaciones para orientarlos en español, inglés, chino y bengalí.
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