Ciudad de Guatemala, 26 feb. (AGN).- La Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos para el Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas de Guatemala manifestó sus observaciones sobre el proceso en curso de evaluación de expedientes de aspirantes a fiscal general y jefe del Ministerio Público para el período 2026-2030.
En el documento, los observadores apuntaron a deficiencias en los filtros para la evaluación de los candidatos, especialmente en cuanto a las valoraciones dadas en la tabla de gradación aprobada por la comisión de postulación a cargo en la que identificaron un desajuste estructural entre los criterios sustantivos declarados y los elementos efectivamente medidos.
En este sentido, urgieron a reequilibrar los parámetros con los que se pondera la carrera de los profesionales de derecho, ya que actualmente no se puntean los 10 años de ejercicio sino que se otorga un peso determinante a la acumulación de años. Además, que se debe introducir el análisis de la responsabilidad decisoria, gestión institucional, formación, dirección estratégica y resultados verificables.
Asimismo, señalaron que no hay mediciones para la independencia, honorabilidad e independencia de los postulantes, lo que consideraron que resulta en una comparabilidad intersubjetiva. Asimismo, que las métricas no abarcan el nivel de compromiso con los derechos humanos y los principios constitucionales.
A esto sumaron que el artículo 113 de la Constitución Política de la República estipula que el acceso a la función pública debe fundarse en capacidad, idoneidad y honradez.
La Misión Especial de la @OEA_oficial para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática en #Guatemala remitió una carta a la Comisión de Postulación para la elección de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público en el marco de su mandato de acompañamiento.
La… pic.twitter.com/tvt3ulI1sh
— OEA (@OEA_oficial) February 26, 2026
Integridad y evaluaciones
También indicaron que la integridad se valora con que el candidato no tenga sanciones o antecedentes, y que debe incluir consideraciones sobre la ética pública, declaración y gestión de intereses y la identificación de conflictos relevantes.
De igual manera, detallaron que la entrevista y la prueba psicométrica carecen de reglas públicas detalladas, por lo que se debe blindar con preguntas base comparables, criterios previamente definidos y que se exprese la motivación individualizada del puntaje. Y que con esto se corrija la vulnerabilidad del proceso a cuestionamientos sobre variabilidad y discrecionalidad.
La postuladora a cargo del procedimiento, integrada por decanos de Derecho de las universidades del país, la presidenta del Organismo Judicial y autoridades del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, debe elegir a seis candidatos para integrar una nómina final de la cual el Presidente de la República elegirá al próximo fiscal general.
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dc/dm