Ciudad de Guatemala, 13 oct (AGN).- El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, exhortó al Congreso de la República a aprobar con prontitud la iniciativa de ley antipandillas y reformas a otras leyes que impulsa el Ejecutivo.
Durante su intervención en La Ronda de este lunes, Jiménez destacó que estas reformas buscan dotar al país de herramientas operativas que permitan enfrentar con mayor eficacia a las estructuras criminales que siguen operando desde los centros penitenciarios.
Al respecto, Jiménez manifestó:
Hoy hago un llamado al Congreso, a la Comisión de Gobernación y al presidente del Legislativo, quienes han contribuido en la formulación de estas reformas, para que lo más pronto posible sean aprobadas.
Según explicó, no se trata de modificaciones integrales al Sistema Penitenciario, sino de ajustes necesarios en el Código Penal y otras leyes para mejorar la capacidad de acción del Estado.
Creación de una prisión especial para pandilleros
Uno de los ejes principales de la iniciativa es la construcción de una prisión especial para pandilleros, con el objetivo de frenar las extorsiones que se planifican y ejecutan desde los penales. Esta cárcel contará con vigilancia extrema, sistemas de grabación y registro de todo contacto personal de los reclusos, respetando los parámetros constitucionales.
Además, se permitirá que el director del Sistema Penitenciario pueda ordenar el aislamiento de reclusos por hasta 30 días prorrogables, según las necesidades de seguridad. Con ello, el Ministerio de Gobernación busca restringir la comunicación y control que los cabecillas de pandillas mantienen sobre las redes criminales en las calles.
Endurecimiento de penas y reformas legales
La propuesta incluye aumentar de ocho a 15 años las penas por los delitos de extorsión y usura, así como la expulsión inmediata del país de extranjeros involucrados en este último delito.
También se plantea la inhabilitación de cuentas bancarias y servicios financieros a quienes sean hallados culpables de extorsión.
Asimismo, las reformas al Código Procesal Penal buscan eliminar las medidas sustitutivas para los delitos de extorsión, obstrucción extorsiva del tránsito y exacciones intimidatorias. Con ello se pretende que las penas impuestas se cumplan en su totalidad, sin reducciones ni privilegios.
Finalmente, Jiménez instó al Congreso a mostrar voluntad política y aprobar cuanto antes las medidas que permitirán al país avanzar hacia un modelo penitenciario moderno y más eficiente, que cierre espacios a las estructuras criminales y garantice mayor seguridad a la población.
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