Ciudad de Guatemala, 15 ene (AGN).– A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Gobernación (Mingob) advirtió que los señalamientos y desafíos dirigidos contra la Policía Nacional Civil (PNC) por parte del alcalde de Moyuta, Jutiapa, Carlos Roberto Marroquín, no solo representan una amenaza institucional, sino que podrían encuadrarse dentro de conductas delictivas según el ordenamiento jurídico vigente.
El pronunciamiento surge luego de que el jefe edil emitiera declaraciones consideradas intimidatorias hacia las fuerzas de seguridad. Ante ello, el Mingob afirmó que mantendrá una postura de firmeza institucional frente a cualquier amenaza o intento de obstaculizar la labor policial.
Advertencia sobre posibles consecuencias legales
En el comunicado, las autoridades fueron claras: cualquier amenaza, intimidación o acción que busque interferir con el trabajo de la PNC constituye una conducta reprochable y podría configurar un delito.
Esto abre la posibilidad de que las declaraciones del alcalde se analicen desde el ámbito legal si se determina que trascienden del discurso público hacia acciones que afecten el orden o la seguridad ciudadana.
El trabajo de la Policía Nacional Civil responde a un mandato constitucional y legal que trasciende intereses particulares o locales.
Recordando que la institución tiene como finalidad proteger la vida, la integridad de las personas y la convivencia pacífica.
📑 El Ministerio de Gobernación a la ciudadanía, informa: pic.twitter.com/k4SPNXaHlZ
— MinGob (@mingobguate) January 15, 2026
Seguridad en zonas estratégicas
El Ministerio de Gobernación también destacó que la PNC mantiene protocolos de prevención y despliegue operativo para garantizar la libre locomoción, la continuidad de servicios esenciales y la tranquilidad de la población, especialmente en zonas de alta sensibilidad estratégica como las áreas fronterizas.
Aunque el Mingob reiteró su disposición al diálogo, enfatizó que este solo puede darse dentro del marco de la ley. Asimismo, hizo un llamado a todos los actores públicos a contribuir al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, la legalidad y la paz social.
Finalmente, las autoridades recordaron que la seguridad de la población es una responsabilidad del Estado en su conjunto y que será ejercida con firmeza, profesionalismo y respeto a los derechos humanos.
El mensaje deja abierta la posibilidad de que, si las declaraciones del alcalde derivan en acciones que afecten el orden público, podrían enfrentarse consecuencias legales.
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