Ginebra, 13 mar (EFE).- Varios expertos en derechos humanos de Naciones Unidas instaron este miércoles al Gobierno de Guatemala a tomar medidas concretas que garanticen un entorno cívico seguro para las asociaciones, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y sociedad civil en su conjunto.
Los expertos felicitaron al presidente Bernardo Arévalo por tomar posesión de su cargo el pasado enero y le pidieron que durante su mandato fortalezca el espacio cívico para mantener la confianza que el pueblo guatemalteco ha depositado en él.
Es esencial que se garantice el ejercicio de los derechos fundamentales, incluyendo la libertad de reunión pacífica, de asociación y de expresión, dijeron en un comunicado los expertos, entre los que se encuentra el relator sobre los derechos de los pueblos indígenas, José Francisco Calí Tzay.
En este sentido, mostraron su preocupación por las aparentes limitaciones del ejercicio de estos derechos en Guatemala, en particular con respecto de los pueblos indígenas, que participaron durante más de 100 días en manifestaciones pacíficas para defender los resultados de las elecciones presidenciales de los intentos de invalidación.
Con la Junta de @freedomhouse, @BArevalodeLeon lideró esfuerzos para fortalecer la defensa de los derechos humanos y fomentar la democracia en el país.
Comprometidos con el cambio democrático, #GuatemalaSaleAdelante. pic.twitter.com/y1jAMFxydx
— Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) March 11, 2024
Presuntas amenazas
Los expertos de la ONU también denunciaron presuntas amenazas y violencia contra miembros de una organización defensora de los derechos de las personas transexuales, así como el hostigamiento judicial y la criminalización de activistas y periodistas, incluidas mujeres.
Ante esta situación, reiteraron al nuevo presidente su disponibilidad para proporcionar asistencia técnica en relación con esas áreas de preocupación, así como para fomentar el diálogo y la cooperación entre los distintos grupos ciudadanos y las autoridades.
El comunicado también lo firman la relatora sobre la libertad de opinión y expresión, Irene Khan y o la relatora sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, Reem Alsalem.
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