Miami (EE. UU.), 15 ene (EFE).- Más de 70 organizaciones latinas de Estados Unidos pidieron este jueves al Congreso de ese país frenar el uso ilegal de las fuerzas armadas para la aplicación de las leyes migratorias, al considerar que erosiona la Constitución y socava la seguridad pública.
Lo que la comunidad latina ha experimentado en Los Ángeles, Chicago, Portland y, más recientemente, Mineápolis, da la impresión de que esta Administración le ha declarado la guerra a nuestra comunidad y de que estamos siendo atacados por nuestro propio Gobierno, dijo en un comunicado la presidenta de UnidosUS, Janet Murguía.
Esta es una de las 74 organizaciones que firmaron una carta en la que denuncian el aumento de la violencia por parte de las autoridades en operativos migratorios y urgen actuaciones por parte del Legislativo.
Esta coalición exige que el Congreso ejerza su poder de supervisión y asignación de fondos para garantizar la transparencia y exigir cuentas a la Administración, indicó Murguía.
Política antiinmigrante propicia abusos
La misiva declaró que el Congreso tiene la responsabilidad de rechazar la financiación sin control para la aplicación de las leyes de Inmigración, después de que el pasado verano proporcionara 170 mil millones de dólares y 10 mil agentes adicionales al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).
Sin supervisión, la coalición agregó que la política antimigratoria del Gobierno del presidente Donald Trump da lugar a abusos de poder y la instrumentalización de un sistema migratorio deficiente.
Esta petición se produce mientras crece la tensión en Minnesota por la puesta en marcha de un operativo antimigratorio del Gobierno estadounidense sin el consentimiento de las autoridades estatales y locales.
La crispación aumentó especialmente tras la muerte de una ciudadana la semana pasada, cuando un agente del ICE le disparó en varias ocasiones mientras esta huía en su vehículo durante uno de estos operativos.
En respuesta a las protestas locales, la Administración Trump ha amenazado con invocar la Ley de Insurrección en Minnesota, que permitiría al mandatario desplegar al Ejército para reprimir episodios de desorden civil.
Las organizaciones también pidieron a las Cámaras que protejan a las comunidades de los abusos, prohibiendo que los agentes federales se oculten tras una máscara y realicen detenciones sin identificarse.
Al respecto, reclamaron codificar protecciones para lugares sensibles como escuelas, hospitales, tribunales y lugares de culto; suspender los acuerdos 287(g) hasta que exista una supervisión independiente, y garantizar que los arrestos y las detenciones estén debidamente documentados y legalmente autorizados.
La 287(g) es un programa de cooperación migratoria que permite a autoridades locales y estatales colaborar con ICE.
Además, pidieron exigir órdenes judiciales para los arrestos y detenciones y el acceso a la asistencia jurídica a detenidos y familiares.
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