Ciudad de Guatemala, 12 ene (AGN).– El incremento reciente en el número de homicidios en el país responde a una combinación de factores estructurales y dinámicas criminales regionales, según explicó Walter López, coordinador del Observatorio sobre Violencia de la Asociación Civil Diálogos, en una entrevista concedida a la Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN).
López indicó que en el observatorio manejan tres hipótesis principales que podrían explicar el repunte de la violencia letal, las cuales aún se encuentran en análisis y, en algunos casos, se basan en intuiciones respaldadas por tendencias regionales.
La principal de ellas es en la línea en la que se basa el Ministerio de Gobernación, el reacomodo y enfrentamiento entre pandillas; la segunda apunta a que existe la posibilidad de un ingreso o desplazamiento de pandilleros desde El Salvador hacia Guatemala, quienes se integran a estructuras criminales ya existentes en el país, fortaleciendo su capacidad operativa.
A esta situación se suma una intuición relacionada con la influencia de estructuras criminales provenientes de México, que operan o buscan posicionarse en territorio guatemalteco, ya sea a través de pandillas o de otros grupos delictivos. Estas dinámicas regionales podrían estar incidiendo en el aumento de hechos violentos.
La tercera hipótesis planteada por Diálogos se vincula con el incremento en el consumo de drogas, lo que genera mayor oferta y demanda, fortaleciendo las economías criminales. López aclaró que, si bien no se cuenta con datos concluyentes sobre este punto, el fenómeno podría estar contribuyendo a la escalada de violencia.
Estas dos últimas son intuiciones que tenemos en el observatorio, pero forman parte de un análisis regional más amplio.
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Causas estructurales de los homicidios
Más allá de las hipótesis coyunturales, López subrayó que existen tres causas estructurales o raíces de la violencia homicida en Guatemala: la impunidad, la corrupción y la alta disponibilidad de armas de fuego.
Explicó que la impunidad, entendida como la alta probabilidad de no recibir castigo por cometer un delito, incentiva la violencia. Esto tiene mayor relación con las denuncias e investigaciones sobre los crímenes, así como con la tarea de todas las instituciones que forman parte de la cadena de justicia al procesar a los sospechosos y lograr condenas que dignifiquen a las víctimas.
Asimismo, un clima de corrupción puede generar un efecto similar, al encontrar en las redes criminales más formas de evadir la justicia, un fenómeno social que necesita un abordaje integral. En este sentido, tanto el Gobierno central como el Ministerio de Gobernación han liderado esfuerzos para limpiar las instituciones, un proceso que amerita depuración del personal y reglas y mecanismos claros que impidan esos actos.
En cuanto a las armas de fuego, López destacó que 8 de cada 10 homicidios en el país se cometen con este tipo de armamento. Y esto se refleja en que en el primer semestre de 2025 se importaron alrededor de 53 mil 500 armas de fuego, lo que equivale a unas 296 por día, según mencionó, lo que amerita una discusión nacional sobre su regulación, refirió.
Recapturas y reincidencia criminal
El coordinador del observatorio también señaló la reincidencia delictiva como un factor preocupante. Casos recientes evidencian cómo personas que recuperan su libertad vuelven a delinquir en corto tiempo.
Entre los ejemplos figura el de un hombre que, tras cumplir cinco años de condena por portación ilegal de arma de fuego, fue recapturado 48 horas después por homicidio en Jalapa.
Otro caso es el de Rodolfo Romero Rivas, de 64 años, quien acumulaba 19 antecedentes penales y se hacía pasar por líder religioso para evadir a las autoridades, hasta ser recapturado en El Progreso por delitos de hurto agravado y encubrimiento propio.
Coordinación institucional
López enfatizó la necesidad de un trabajo coordinado entre el Ministerio de Gobernación, el Ministerio Público y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, no solo en la investigación de homicidios, sino también en la consolidación y unificación de datos.
Contar con información más precisa y territorializada permitiría comprender mejor la violencia letal y diseñar estrategias más efectivas.
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