Ciudad de Guatemala, 14 nov (AGN). – El presidente Bernardo Arévalo ratificó este jueves el compromiso del Gobierno con los defensores de los derechos humanos, al sancionar en acto público la política estatal en la materia.
El mandatario, acompañado de la vicepresidenta Karin Herrera, oficializó la Política de Protección a las Personas Defensoras de Derechos Humanos en Guatemala, que suscribió en acto celebrado en el Patio de la Paz del Palacio Nacional de la Cultura.
Esta política pública se oficializó este viernes con la publicación del acuerdo gubernativo 198-2025, el cual entra en vigor a partir de este sábado.
Además, fue validada en Consejo de Ministros durante el acto público de presentación llevado a cabo en el Palacio Nacional.
En el acto, entregó el documento que contiene el compromiso gubernamental a la familia Gudiel Álvarez, peticionarios del caso Defensor de Derechos Humanos vs. Guatemala.
Reconoció la lucha de la familia Gudiel Álvarez y de todas las personas que han arriesgado su vida y su integridad física, y ponen en juego su tranquilidad y su paz por la búsqueda comprometida del bien común, de la justicia social y de la libertad.
Asimismo, el mandatario enfatizó:
Este gobierno nunca los va a agredir y este gobierno va a luchar junto a ustedes, porque su lucha es también la nuestra.
En el acto, al que acudieron autoridades, representantes de los sectores sociales del país, diplomáticos y funcionarios de organismos internacionales, el presidente Arévalo resaltó la nueva disposición en materia de derechos humanos.
Luego de muchos esfuerzos y gracias al trabajo de muchas personas, concluyó un proceso de diálogo, de consulta y de construcción colectiva que resultó en la Política de Protección a las Personas Defensoras de Derechos Humanos en Guatemala, que acabamos de sancionar, indicó.
La Política Pública de Protección a personas defensoras de Derechos Humanos está llamada a ser una herramienta para transitar hacia un Estado con capacidad para proteger a quienes defienden los derechos de las personas en todos los ámbitos de la vida; a quienes protegen a la… pic.twitter.com/bI3o4VIPQw
— Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) November 13, 2025
Aparatos de seguridad pervirtieron su función
Detalló que este proceso comenzó en 2016 y es resultado de una sentencia dos años antes emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gudiel y otros contra el Estado de Guatemala.
Asimismo, expuso los acontecimientos que originaron dicha sentencia para dimensionar en su justa magnitud la importancia de la política que hoy presentamos, como cumplimiento de una de las medidas de reparación ordenadas al Estado.
El caso establece que en 2004 fue asesinado Florentín Gudiel, un defensor de los derechos humanos, quien dedicó su vida al servicio de su comunidad, a la organización y la movilización en la búsqueda de la justicia y del bien común.
Dos décadas antes, en 1983, agentes del Estado secuestraron el hijo de Gudiel, José Miguel, a quien sacaron de su hogar en una calle muy cercana a este Palacio, durante una de las épocas más oscuras y brutales de nuestra historia reciente.
El presidente Arévalo consideró que las vidas de don Florentín y de su hijo son dos gotas en un mar de vidas humanas destruidas por aparatos de seguridad que pervirtieron su función y se dedicaron durante mucho tiempo a agredir impunemente al pueblo al que debían proteger.
Y enfatizó:
El tortuoso camino de la familia Gudiel, tristemente, ha sido el camino que muchísimas familias en Guatemala han sufrido.
En este sentido, recalcó que la emisión de esta política busca garantizar una transformación real y duradera del Estado guatemalteco.
Además, el mandatario señaló:
El instrumento de política pública que hoy entregamos compromete a las instituciones del Poder Ejecutivo a promover el respeto de los derechos humanos de las personas defensoras y a reconocer su rol vital en una sociedad en proceso de democratización.
Lamenta que las amenazas persistan
También puntualizó que sobre todo la disposición, acorde con resoluciones de Naciones Unidas, está en consonancia con nuestra propia Constitución Política, que nos obliga a la defensa y al respeto de los derechos humanos.
La vigencia de la política es fundamental para resguardar a quienes hoy son objeto de agresión y represión por parte de instituciones cooptadas y sectores coludidos con el crimen, reiteró.
Dijo que después de los procesos de democratización impulsados a mediados de los años 80, y del fin del enfrentamiento armado interno en 1996, pensamos que la violencia y la represión serían síntomas de un malestar que habría quedado en el pasado.
Lamentó que hasta nuestros días, los guatemaltecos enfrentan niveles serios de amenaza, agresión y criminalización a personas que defienden y promueven el respeto de los derechos humanos.
El presidente Arévalo denuncio que existe una correlación directa entre el proceso de cooptación institucional y el aumento de casos de criminalización de personas defensoras de derechos humanos.
Entre estos activistas criminalizados por defender los derechos fundamentales figuran dirigentes y autoridades indígenas, campesinas, ambientalistas, estudiantes universitarios, activistas por la justicia transicional, académicos, periodistas, abogados y operadores de justicia independiente, aseguró.
Precisó que entre 2022 y 2023 -el año de las accidentadas elecciones que dieron paso al actual gobierno- se registraron más de nueve mil agresiones, de las cuales cerca de mil 500 fueron contra periodistas y comunicadores sociales.
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