Ciudad de Guatemala, 14 ago (AGN).- En respuesta a los recientes desafíos climáticos que han afectado la producción agrícola en el país, con la aprobación del reajuste presupuestario se podrán reducir los precios de la canasta básica alimentaria. Esta medida busca apoyar tanto a los consumidores, quienes han visto un aumento en los costos de los alimentos, como a los pequeños y medianos agricultores afectados por la inestabilidad climática.
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) recibió la autorización para la creación de un fondo de crédito campesino, el cual lo administrará el Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala (CHN). Este fondo, que dispondría de 500 millones de quetzales, está destinado a proporcionar créditos en condiciones favorables a los agricultores de pequeña y mediana escala. Estos créditos podrán utilizarse exclusivamente para actividades que fomenten la producción y comercialización de productos agrícolas, con el fin último de disminuir los precios al consumidor.
El MAGA tendrá un plazo máximo de 15 días hábiles desde la entrada en vigencia de la ley para publicar el reglamento que establecerá los requisitos, criterios de evaluación y condiciones para otorgar los créditos. Entre las condiciones se incluye la obligatoriedad de contar con un seguro agrícola que proteja económicamente a los productores en caso de fenómenos climáticos adversos, como lluvias intensas o sequías prolongadas, durante el período de vigencia del crédito.
Distribución de insumos
Autoridades decidieron que no será obligatoria la licitación ni la cotización para la adquisición de insumos agrícolas, permitiendo así compras directas que agilizarán el proceso. Esta disposición, sin embargo, estará sujeta a la normativa de transparencia y rendición de cuentas, y se exigirá al MAGA que publique un tablero de control en su portal institucional. Este tablero permitirá el seguimiento de las adquisiciones, la ejecución presupuestaria y la lista de beneficiarios, garantizando así un proceso transparente y eficiente.
Para apoyar directamente a los agricultores, se ha autorizado la adquisición de insumos agrícolas hasta por un monto de 500 millones de quetzales, distribuidos de la siguiente manera: 400 millones para fertilizantes, 20 millones para semillas y 80 millones para herramientas de labranza. Autoridades distribuirán gratuitamente estos insumos a los agricultores de pequeña y mediana producción, los más afectados por los fenómenos climáticos recientes.
Estos insumos podrán ser adquiridos incluyendo los costos de transporte, asegurando que lleguen a las cabeceras municipales y estén disponibles para los agricultores que más los necesitan. Esta medida pretende no solo aliviar los costos inmediatos para los productores, sino también incentivar una mayor producción agrícola que ayude a estabilizar los precios de los productos básicos en el mercado.
El reajuste presupuestario es fundamental para garantizar un mejor mañana para la población guatemalteca.
Con agricultura #GuatemalaSaleAdelante 🇬🇹 pic.twitter.com/XdtE7oQyCi
— MAGA Guatemala (@MagaGuatemala) July 23, 2024
El impacto en la canasta básica
Se proyecta que las medidas tengan un impacto positivo tanto en la producción agrícola como en los precios de la canasta básica. Al facilitar el acceso a insumos y créditos blandos, se busca que los agricultores puedan incrementar su producción, lo que a su vez debería contribuir a una reducción en los precios de los alimentos.
Esto es importante en un contexto en que la confianza en las instituciones es fundamental para el éxito de políticas públicas que buscan aliviar la presión económica sobre la población.
Con la creación del Fondo de Crédito Campesino y la distribución gratuita de insumos agrícolas, el Gobierno está dando un paso importante hacia la estabilización de la economía rural y la reducción de los precios de la canasta básica. La colaboración entre las distintas entidades gubernamentales y la transparencia en la ejecución serán clave para el éxito de esta iniciativa.
Redistribución de recursos
El financiamiento de esta medida provendrá de un débito de mil millones de quetzales de las asignaciones presupuestarias de varias entidades gubernamentales. En específico, el Ministerio de Finanzas Públicas ha sido autorizado a debitar fondos de los siguientes ministerios: 45 millones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social; 315 millones del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda; 330 millones del Ministerio de Educación, y 310 millones del Ministerio de Desarrollo Social.
Esta redistribución de recursos refleja un esfuerzo del Gobierno por priorizar la estabilización de la economía a través del fortalecimiento del sector agrícola, en un contexto en que los fenómenos climáticos han amenazado con incrementar aún más los costos de la canasta básica.
Lea también:
lr/dc/dm