Ciudad de Guatemala, 6 jun (AGN).- El amparo que emitió un juzgado de Trabajo faculta el Ministerio de Educación para sancionar o despedir a los maestros que no acudan a las aulas a impartir clases, manifestó el titular de la Procuraduría General de la Nación, Julio Saavedra.
El Juzgado Quinto de Trabajo y Previsión Social emitió un amparo provisional el pasado martes en contra del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG).
En una entrevista con el Diario de Centro América, Saavedra señala que la resolución ordena a la dirigencia sindical que deponga las medidas de hecho que vulneran el derecho de los estudiantes a recibir clases.
El dictamen también advierte que si no se obedece dicha resolución se podrá actuar con lo proceda contra los docentes que se nieguen a regresar a las aulas.
Saavedra enfatizó que el cumplimiento de la ley no se negocia, por lo que los maestros que acuerpan al líder sindical Joviel Acevedo deben acatar el fallo, deponer las medidas ilegales y regresar a trabajar.
Consecuencias de desacato
Además, el procurador enumeró tres consecuencias para los docentes que no acaten la resolución del tribunal:
- El Ministerio Público puede iniciar la investigación que corresponde.
- Un juez deberá tomar medidas para que se cumpla el amparo.
- El Ministerio de Educación podrá continuar los procedimientos de emisión de sanciones y eventualmente las destituciones que procedan conforme a la ley.
Saavedra también recordó que el objetivo del amparo es que se respete el derecho de niños, adolescentes a la educación por parte de un grupo reducido de maestros que se niegan a acatar el fallo judicial.
Por su parte, el viceministro de Educación Extraescolar, Carlos Aldana, manifestó este jueves durante la Ronda que esa cartera ya emitió 4 mil 313 actas a docentes faltistas, las que eventualmente pueden llevar a un proceso de despido.
Al explicar el proceso de emisión de sanciones, Aldana detalló que en primer lugar los supervisores regionales de Educación acuden a las escuelas a verificar que los maestros se encuentren impartiendo clases.
En caso de detectar la ausencia de un docente sin justificación se procede a levantar el acta respectiva. Posteriormente el Mineduc envía la notificación al interesado, quien tiene cinco días para presentar una justificación.
En caso de que la excusa que presente no sea válida, se podrá emitir una sanción monetaria o incluso el despido.
Al viceministro aseguró que el Mineduc respeta el derecho de los docentes a manifestarse siempre que no vulneren el derecho de los estudiantes a recibir educación. Al respecto, enfatizó que una cosa es manifestarse y otra es impedir el derecho a la educación.
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