San José, Costa Rica, 14 jun (EFE).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó este viernes al Estado argentino por su responsabilidad y falta de investigación en el atentado terrorista perpetrado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) el 18 de julio de 1994, el cual causó 85 muertes y heridas graves a 151 personas.
La presidenta de la CorteIDH, Nancy Hernández, notificó la sentencia a las partes y explicó que durante el proceso Argentina reconoció su responsabilidad total en este caso, lo cual fue aceptado por el tribunal internacional que, de todas formas, emitió la sentencia y ordenó medidas de reparación.
La CorteIDH condena al Estado argentino por su responsabilidad y falta de investigación en el atentado terrorista perpetrado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina el 18 de julio de 1994, el cual causó 85 muertes y heridas graves a 151 personas. https://t.co/xF7SCvRKwY
— EFE Noticias (@EFEnoticias) June 14, 2024
Negligencia y encubrimiento
La CorteIDH determinó que el Estado no adoptó las medidas razonables para evitar el atentado a pesar de que conocía la situación de riesgo. Además, encubrió el hecho y no cumplió con su deber de investigar el atentado con la debida diligencia. Tampoco brindó a los familiares de las víctimas el acceso real a la documentación de los hechos.
El fallo asegura:
El Estado conocía de una situación de riesgo real e inmediata sobre los sitios identificados con la comunidad judía y que no adoptó las medidas razonables para evitar dicho riesgo.
La sentencia establece que el Estado es responsable por violaciones a los derechos a la vida, a la integridad personal, al principio de igualdad y no discriminación. También al acceso a la justicia y a las garantías judiciales, al acceso a la información, al derecho a conocer la verdad, y a la integridad psíquica y moral de las víctimas y sus familiares.
La sentencia explica:
El Estado incurrió en una falta grave a su deber de investigar uno de los mayores atentados terroristas en la historia de la región. Estas faltas a la debida diligencia implicaron, por una parte, un mal manejo del material probatorio y la escena del hecho y, por otra parte, una conducción deficiente del desarrollo de la investigación.
El texto agrega que se comprobaron una serie de maniobras realizadas por agentes estatales con el fin de obstaculizar la investigación y encubrir a los verdaderos autores, los cuales, a la fecha, no han podido ser identificados, juzgados y eventualmente sancionados.
Acciones de reparación
Los jueces interamericanos ordenaron al Estado remover todos los obstáculos que mantienen la impunidad total en este caso e iniciar, continuar, impulsar o reabrir las investigaciones que sean necesarias.
Argentina también deberá efectuar un acto público de reconocimiento de responsabilidad, hacer un documental audiovisual sobre los hechos del caso y crear un archivo histórico accesible a todo el público sobre los hechos del atentado, la investigación, su encubrimiento y el rol de las asociaciones de víctimas.
La CorteIDH también ordenó al Estado que regule la incorporación como evidencia judicial de información de inteligencia y desarrolle un programa de capacitación sobre su utilización, así como dar pleno acceso a las víctimas y a los querellantes a todas las investigaciones e información vinculada con el atentado y su encubrimiento.
Asimismo, debe ubicarse la totalidad de los archivos en un mismo espacio físico, donde se garantice su correcta conservación. Además, el Estado tendrá que crear un área de análisis de la información de inteligencia desclasificada.
La CorteIDH también ordenó una serie de indemnizaciones compensatorias en favor de las víctimas y sus familiares por los conceptos de daño material e inmaterial. EFE
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