Ciudad de Guatemala, 5 abr (AGN).- El Ejecutivo, por medio del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), presentó una denuncia este jueves por el contrato de las vacunas Sputnik V en 2021. La denuncia menciona once hechos por la posible comisión de actos que constituyen delito.
Para procurar el derecho a la salud durante la emergencia nacional del COVID-19, el Congreso de la República de Guatemala aprobó el Decreto 1-2021, que establece lineamientos para el financiamiento y adquisición de vacunas contra el coronavirus. Específicamente, en el artículo 4 se mencionan mecanismos de transparencia y adquisición de estas.
De ahí, la primera irregularidad mencionada en la denuncia. El decreto determina que las vacunas debían comprarse de manera directa con el fabricante, sin embargo, esta acción se concretó con una tercera parte, la empresa Human Vaccine LLC. Por lo tanto, fue ilegal suscribir el contrato con una entidad que no era la productora.
La siguiente falta fue que no se corroboró quién firmó por parte de la empresa Human Vaccine. Con esto, el procurador general de la Nación, Julio Saavedra, detalla que no se corroboró la legalidad de la representación de la empresa y se tomó por bueno y válido un documento que requería una revisión jurídica.
El #GranCasodeCorrupción del contrato ilegal para la compra de las vacunas #Sputnik afectó gravemente a cientos de familias guatemaltecas.
Todo hallazgo de corrupción será denunciado. 🔍 pic.twitter.com/LMNZbBSSML
— Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) April 4, 2024
Más irregularidades en el contrato
Como tercera falta se señala la firma del contrato en idioma inglés. La Ley del Organismo Judicial en su artículo 11 detalla que el idioma oficial es el español, por lo tanto, las palabras de la ley se entenderán de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, en la acepción correspondiente, salvo que el legislador las haya definido expresamente. Con esta base, la firma del contrato es ilegal.
La cuarta parte es que se negociaron condiciones que son totalmente desfavorables para el Estado y como quinta falta se menciona que fue ilegal negociar regalías para la empresa Human Vaccine.
A pesar de que se pagaron 614 millones de quetzales, únicamente se fijaron 100 mil dólares como indemnización límite, acción que Saavedra menciona que en derecho internacional se conoce como liquidación previa de los daños y perjuicios, que es totalmente ilegal.
No respetar la jerarquía constitucional y principio de legalidad, esta es la siguiente falta del contrato de las vacunas rusas. Esto fue despreciado por los entonces funcionarios público dando paso al incumplimiento de los artículos 154 y 155 de la Constitución Política de la República de Guatemala que establece el principio de legalidad.
Lo siguiente es que no se respetaron los preceptos legales al someter a arbitraje y que no se justificó la confidencialidad del contrato. Además, se desconoce el país en el que se firmó el documento.
Finalmente, la vacuna se compró y no estaba autorizada por los organismos internacionales, en ese momento. Los lineamientos que debían tomarse en cuenta se mencionaban en el artículo 4 del Decreto 1-2021.
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