Ciudad de Guatemala, 10 jun (AGN).- Para cerrar el primer día del Segundo Congreso Regional Penitenciario, Fernando Carrión Mena, representante de Ecuador, abordó la crítica situación del sistema carcelario de su país. Destacó que, al igual que en muchos países de América Latina, las cárceles operan al margen de la ley.
Carrión argumenta que la violencia es el problema más urgente de la región, como se evidencia en las alarmantes cifras de homicidios y en la percepción de inseguridad de la población.
Carrión subrayó que América Latina registra entre 130 mil y 140 mil homicidios al año, con una tasa promedio de 20 homicidios por cada 100 mil habitantes, 4 veces mayor que el promedio mundial. Esta cifra refleja una crisis de violencia y un problema estructural que la región no ha logrado resolver. Esto a pesar de que algunos países han logrado reducir sus tasas de homicidios, el promedio regional se mantiene alarmantemente alto.
La inseguridad se ha convertido en la principal preocupación de los ciudadanos, superando demandas tradicionales como el empleo. Un estudio del Latinobarómetro reveló que desde 2008, la seguridad es la primera demanda en América Latina. Esta percepción tiene un impacto económico significativo, con costos estimados en 260 mil millones de dólares anuales, debido a pérdidas humanas, patrimoniales y de inversión. Además, por el desvío de recursos públicos de áreas clave hacia la seguridad.
El narcotráfico y la crisis carcelaria
Carrión destacó que la evolución del delito, especialmente en relación con el narcotráfico, ha exacerbado la crisis carcelaria. En países como Ecuador, la situación es alarmante. Las cárceles ecuatorianas enfrentan una crisis sin precedentes con dos dimensiones, una exógena, influenciada por el narcotráfico, y otra endógena, relacionada con la gestión interna de las prisiones.
Un ejemplo de gestión efectiva de prisiones es Países Bajos, donde la violencia ha disminuido significativamente, lo que permitió el cierre de 23 prisiones desde 2010. Esta contraste subraya la necesidad de repensar las políticas carcelarias en América Latina.
Carrión también abordó el problema del populismo punitivo, donde las demandas de la población por mayor seguridad han llevado a un incremento en la tipificación de delitos y en las penas. En Ecuador, la pena máxima aumentó de 16 a 40 años en 2014, y la población carcelaria se triplicó entre 2014 y 2021. En ese período, pasó de 13 mil a 42 mil personas privadas de libertad. Sin embargo, estas medidas no han reducido la violencia; al contrario, la tasa de homicidios se duplicó.
El uso excesivo de la prisión preventiva también agrava la crisis. Las políticas punitivas han llevado a un hacinamiento carcelario insostenible, que afecta negativamente la infraestructura y los recursos disponibles para la rehabilitación de los presos. Muchas cárceles no están diseñadas para la rehabilitación, sino simplemente como lugares de reclusión.
Impacto de la violencia en el sistema carcelario
El análisis de Carrión reveló un aumento en la violencia, tanto dentro como fuera de las cárceles. En Ecuador, los homicidios en prisión se han incrementado drásticamente, pasando de 15 en 2010 a 269 en 2021. Esta violencia extrema se manifiesta en motines simultáneos en múltiples cárceles, con prácticas brutales como el desmembramiento de cuerpos, que son publicadas en redes sociales, lo que genera terror en la población.
Además, la violencia carcelaria está intrínsecamente vinculada con la criminalidad fuera de las prisiones. Motines y asesinatos en cárceles han coincidido con actos de violencia extrema en ciudades, como carros bomba y ataques a estaciones de servicio, lo que muestra un alto nivel de organización y coordinación entre las bandas criminales.
El Viceministro de Antinarcóticos, @wovalle07, preside la ceremonia de inauguración de la Fase Post Operacional, Operación Regional “Diamante IX” contra el Narcotráfico, y la etapa de Planificación de la Operación Regional “Diamante X”. pic.twitter.com/HD5v3Fn7Z0
— MinGob (@mingobguate) June 10, 2024
Datos alarmantes
Dentro de las cárceles ecuatorianas, las estructuras criminales han establecido mercados internos donde todo se compra y se vende, desde armas y drogas hasta celdas y servicios de comunicación. Un estudio del diario El Universo reveló que solo en la Penitenciaría del Litoral, los ingresos ilícitos alcanzan 50 millones de dólares anuales, una cifra que supera con creces el presupuesto oficial destinado a la prisión.
Carrión concluyó que las cárceles en Ecuador y en muchos países de América Latina están al margen de la ley, con un sistema carcelario que no solo falla en rehabilitar de los presos, sino que también exacerba la violencia y la criminalidad. La falta de inversión en el sistema penitenciario, combinada con un enfoque punitivo y la incapacidad para controlar la violencia interna y externa, ha creado un entorno en el que las prisiones se convierten en centros de poder criminal más que en instituciones de rehabilitación.
La solución requiere una revisión profunda de las políticas penales y carcelarias, con un enfoque en la reducción de la violencia, la rehabilitación efectiva de los presos y la eliminación de las economías ilegales dentro de las prisiones. Sin estos cambios, las cárceles seguirán siendo un reflejo de la crisis de violencia que afecta a toda la región.
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