Ciudad de Guatemala, 7 ago. (AGN).- Con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, autoridades ancestrales de diferentes regiones del país acompañaron al presidente Bernardo Arévalo a la conferencia de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura, en la cual se anunció una iniciativa de ley que podría marcar un antes y un después en la relación entre el Estado y las comunidades indígenas.
El mandatario presentó una propuesta para reformar el artículo 30 BIS del Decreto 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto, que actualmente impide la ejecución de obras públicas en territorios comunales que no estén inscritos a nombre del Estado.
La reforma busca permitir que el Gobierno haga inversiones en infraestructura en tierras comunales sin que las comunidades se vean obligadas a ceder sus propiedades. Se trata de un esfuerzo por garantizar el desarrollo sin vulnerar los derechos de propiedad colectiva de los pueblos indígenas.
#LaRondaGt | La reforma al artículo 30 BIS de la Ley Orgánica del Presupuesto busca que el @GuatemalaGob pueda realizar inversiones en infraestructura en tierras comunales sin que las comunidades indígenas se vean obligadas a ceder sus propiedades. Juan Castro, representante del… pic.twitter.com/YpflbIw72j
— AGN (@AGN_noticias) August 7, 2025
Voces de respaldo desde los territorios
Durante la conferencia, líderes y representantes indígenas de todo el país expresaron su total respaldo a la propuesta presidencial.
Entre los líderes que tomaron la palabra estuvieron Dina Juc, alcaldesa indígena de Santa Lucía Utatlán, Sololá; Bernabé García, presidente de la Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán; Bibiana Ramírez, autoridad del Pueblo Mam en Quetzaltenango; Amilvar Urías, del Pueblo Xinka; Simeón Palax, alcalde indígena de Sololá; y Diego Sambrano, representante del Pueblo Maya Ixil.
Las autoridades indígenas manifestaron que esta reforma representa una oportunidad de justicia histórica, tras siglos de marginación, despojo y exclusión. En sus palabras, no se trata solo de una modificación legal, sino de un acto de dignificación hacia los pueblos originarios.
Obstáculos actuales que frenan el desarrollo
Uno de los ejemplos más ilustrativos de los problemas que enfrentan las comunidades lo compartió el representante de Sololá: un proyecto de construcción de un centro cultural de cinco niveles fue cancelado en 2020 porque requería que el terreno comunal pasara a nombre del Estado.
La negativa de la población a entregar sus tierras, por temor a perder el control y uso del espacio, impidió que la obra se ejecutara, a pesar de que ya se tenían los fondos y que el edificio existente estaba en riesgo de colapsar.
Esta situación, según explicaron, es una muestra clara de cómo la legislación actual ha limitado el acceso a obras esenciales para las comunidades indígenas, profundizando las brechas sociales y violando derechos reconocidos tanto por la Constitución como por tratados internacionales.
Un llamado urgente al Congreso
Las autoridades indígenas hicieron un llamado firme al Congreso de la República para que se apruebe la iniciativa. Consideran que su adopción permitirá no solo el desarrollo de infraestructura en territorios históricamente excluidos, sino también la preservación de sus formas propias de organización territorial y el respeto a su autonomía.
Por ello, expresaron:
Esta es una oportunidad para que el país avance hacia una verdadera inclusión. No se puede seguir negando el desarrollo a los pueblos que han sido guardianes de estas tierras desde hace más de 500 años.
Una iniciativa nacida del diálogo
Según informó el presidente Arévalo, la propuesta de reforma es resultado de múltiples reuniones de análisis y consulta entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional de Autoridades Indígenas Ancestrales. Este proceso participativo refuerza la legitimidad del proyecto y muestra un nuevo modelo de gobernanza basado en el diálogo y el respeto mutuo.
Las comunidades esperan que esta reforma no solo abra las puertas a la inversión pública en salud, educación, cultura e infraestructura, sino que también siente un precedente para futuras acciones que reconozcan y valoren la propiedad comunal como parte esencial del patrimonio nacional.
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